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DERECHOS HUMANOS

Radiografía del odio: neonazis que atacan a inmigrantes, gitanos y gais

Estas son las minorías más agredidas en las redes: "Lo que antes se decía en el bar, ahora se dice en Twitter"

El fiscal contra la discriminación, Alfonso Aya, opina que quemar un retrato del Rey "no es un delito de odio"

Miriam Mejías / Rafael Martínez (Efe)

Un socorrista de la oenegé Proactiva Open Arms asiste a varios refugiados durante un rescate.

Un socorrista de la oenegé Proactiva Open Arms asiste a varios refugiados durante un rescate. / JAVIER TRIANA

El inmigrante musulmán que llega a España en patera, los gitanos, los homosexuales y las personas sin hogar son, por este orden, los colectivos más vulnerables a los delitos de odio, difundidos principalmente por redes de ideología neonazi, que son ya una amenaza en nuestro país.

Esta es la radiografía que traza el fiscal delegado para delitos de odio y contra la discriminación, Alfonso Aya, sobre cuáles son los grupos o minorías más atacados en las redes, donde cada vez más hay un mayor número de grupos organizados que constituyen un verdadero riesgo hacia estos colectivos.

"Los neonazis ya son una amenaza en España. No son una cosa de las películas: son reales"

Alfonso Aya

Fiscal deleado para delitos de odio y contra la discriminación

Especialmente los neonazis, que ya son "una amenaza en España". Aya advierte en una entrevista con Efe del "renacimiento" de estos grupos que fomentan el racismo y el odio con un número creciente de simpatizantes a través de las redes, que son empleadas también para coordinar sus reuniones y actuaciones, y ganar más adeptos. "No son una cosa de las películas, sino que son reales", afirma.

Sus ataques van dirigidos contra los inmigrantes musulmanes que llegan a España en patera (que son los más desprotegidos socialmente) seguidos de gitanos, homosexuales y personas sin hogar, muchas de las cuales se enfrentan al mismo problema: "Hay miedo y desconfianza de denunciar", asegura el fiscal.

Desconocimiento

"El que duerme en el cajero sabe que eso es su vida y corre ese riesgo; el emigrante no conoce sus derechos, no sabe dónde denunciarlo y desconfía de las autoridades", asegura Aya, y recuerda que "hay homosexuales en el hospital que todavía piden que no revelen que les han pegado por motivos de su sexualidad".

Estas agresiones son el resultado del auge de comentarios xenófobos y racistas en las redes, donde una vez lanzado un mensaje ya no se puede parar, porque "lo que antes se decía en el bar, ahora se dice en Twitter y eso es un peligro" ante su expansión.

"Hay homosexuales en el hospital que todavía piden que no revelen que les han pegado por su sexualidad "

Pero Aya diferencia entre "reacciones viscerales" ante un atentado de los mensajes reiterados de grupos organizados, "no porque van a pegar a fulanito, sino porque incrementa el odio de determinada gente hacia esas personas y les está poniendo en peligro", es decir, se está incitando al odio contra un colectivo.

Aya no ve, por cierto, un incremento de los delitos por parte de menores, pero alerta de que "o los formamos bien o en el futuro será mucho peor"; tampoco aprecia que haya excesivos personajes públicos investigados, lo que ocurre es que sus denuncias se conocen enseguida.

De hecho, la mayoría de procedimientos contra ellos son por otros delitos como ultraje a la bandera, contra los sentimientos religiosos o injurias al rey, si bien al final las acusaciones tratan de colar el delito de odio como un "plan B" en caso de que no salga el principal, lo que podría banalizar esta figura.

Delito de odio

"Si decimos que todo es delito de odio entonces no va a existir, no va a tener sentido", asevera el fiscal, para quien "unas injurias al Rey o quemar el retrato no es un delito de odio, porque no pone en peligro la Constitución y no ataca un colectivo en concreto".

"Las injurias al Rey no son delito de odio porque no ponen en peligro la Constitución ni atacan a un colectivo concreto. Si decimos que todo es delito de odio, este dejará de tener sentido"

De esta lista, reconoce que le chocó el tema de los titiriteros. "Me extrañó que abriesen un procedimiento penal y que entrasen en prisión cuando quedó en nada", añade. También le llamó la atención el asunto de la 'drag queen' que se vistió de la Virgen en el Carnaval de Las Palmas, que acabó en archivo tras un año de instrucción, pese a que la Fiscalía nunca vio delito.

Más casos. Tampoco ve delito de odio en el caso del actor Willy Toledo, como así se reclamó, ni en las activistas de Femen que se subieron con el torso desnudo al altar mayor de la catedral de la Almudena de Madrid (pese a que la Fiscalía lo entendió así) porque "no están atacando a una minoría, estarán en todo caso atacando unos sentimientos que son muy dignos de protección".

Lo que ocurre es que "al judicializar un tema lo que se hace es dar publicidad, que es buscado de alguna manera por el mismo autor", como por ejemplo con el polémico autobús de la organización ultracatólica HazteOír, que si no hubiera llegado a los tribunales, nadie se hubiera enterado de su existencia.

Libertad de expresión

En todos estos asuntos se aborda el eterno debate de la libertad de expresión. ¿Donde está el límite? Para Aya "está en que todo el mundo tiene derecho a criticar pero nadie tiene derecho a poner en peligro a las demás personas ni a atacarlas".

"Una cosa es la crítica arisca, otra el insulto y otra la incitación al odio hacia el insultado"

"Una cosa es la crítica acerba, arisca, otra cosa el insulto y otra la incitación al odio hacia el insultado", explica el fiscal, que aboga por rebajar la tensión "porque lo políticamente incorrecto no es solo aceptable sino que además es muy saludable".

Para cerrar el debate, la Fiscalía General del Estado trabaja en una circular preceptiva con unas pautas de actuación para los fiscales, a la espera de ver si se producen movimientos legislativos.

Aya propone lo siguiente: incluir la aporofobia, rebajar las penas de prisión y aplicarla solo en los supuestos más graves ya que a día de hoy muchas condenas son "excesivas", y sustituir las penas privativas de libertad para el resto de casos por multas, como ya sucede en Europa.