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PROPUESTA LEGISLATIVA

Ensenyament plantea que en la preinscripción no puntúe ser celíaco

La 'conselleria' abre consultas para cambiar criterios del decreto de matriculación escolar

Una plataforma busca firmas para que las ampas sigan gestionando los comedores

Comedor escolar de un instituto.

Comedor escolar de un instituto. / RICARD CUGAT

El Govern de la Generalitat, a propuesta de la Conselleria d'Ensenyament, ha aprobado este martes abrir un periodo de consultas para elaborar una nueva normativa para los criterios de matriculación en un centro público. La idea es elaborar un decreto que sustituya al anterior, del 2007, y que sea más equitativo a la hora de dar puntos para escoger centro.

En concreto, Ensenyament someterá a consulta pública dos puntos controvertidos que hasta ahora sumaban puntuación para la preinscripción: que los padres, madres, tutores o hermanos ya graduados hubieran estado escolarizados en el centro que se solicita y que haya "enfermedad crónica que afecte a su sistema digestivo, endocrino o metabólico", por ejemplo, ser celíaco.

Combatir la segregación

La consulta se enmarca en la intención de la 'conselleria' que dirige el republicano Josep Bargalló de combatir la segregación escolar. Sobre el criterio de haber tenido padres o hermanos en el centro, Ensenyament considera que es un punto que va contra la igualdad, y sobre las enfermedades endocrinas, se remite a que "los comedores escolares ya incorporan menús específicos para el alumnado con estas enfermedades digestivas". 

Estos son dos de los puntos que reseñó el Síndic de Greuges en un polémico informe del año 2008, muchos de cuyos puntos todavía colean.  El Síndic destacó casos de proliferación de padres exalumnos, falsas enfermedades y falsos empadronamientos para evitar algunos centros.

Comedores escolares

Por otra parte, Barcelona, Badalona y Cornellà son algunos de los 17 municipios que pedido paralizar el nuevo decreto de comedores escolares que promueve Ensenyament y que tendrá como consecuencia que las asociaciones de padres y madres (ampas) dejen de contratar el servicio directamente. La conselleria afirma que, en virtud de la ley de contratación pública de Catalunya, el Govern no puede externalizar la contratación de servicios, por lo que tan solo el centro, el consell comarcal o el ayuntamiento podría contratarlos. 

La asociación SOS Menjadors Escolars, que coordina la protesta, reclama que no se privaticen los servicios, dando entrada a las grandes empresas de cátering, que el comedor sea libre y gratuito (y no apoyado en pagos y becas como hasta ahora) y se incluya, por tanto, dentro de la enseñanza universal, y que se garantice el derecho a una alimentación de calidad, así como a la atención individualizada de los alumnos con necesidades especiales, y una mejora en la ratio de monitores por niño.

La asociación, con el apoyo del sindicato Ustec, y de Escoles Bressols Indignades, la Xarxa de Consum Solidari y Justícia Alimentària a Catalunya, ha convocado una asamblea para decidir si convoca movilizaciones para intentar parar el decreto a través de una iniciativa legislativa popular (ILP).

Ensenyament niega que pretenda privatizar nada y sostiene que los padres van a seguir estando en la comisión de seguimiento del comedor.