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ESCUELA PÚBLICA

Las ampas no podrán contratar los comedores escolares

La Fapac rechaza el borrador que negocian con la Generalitat y les acusa de querer privatizar el servicio

La Generalitat esgrime la nueva ley de contratación pública para justificar los cambios

Carmen Jané

Un comedor escolar.

Un comedor escolar. / RICARD CUGAT

La Conselleria d’Ensenyament está discutiendo con asociaciones de padres, centros educativos y empresas del sector el nuevo decreto de comedores escolares en los centros públicos que prevé aprobar este curso. La propuesta prevé apartar de la contratación del servicio a las asociaciones de padres (ampas) y las relega solo a la supervisión, fija el número mínimo de monitores por alumnos, obliga a que al menos una persona del claustro esté presente durante el servicio, deja el precio a criterio de Ensenyament y admite que la comida llegue como cátering desde una empresa externa.

Las reacciones han sido especialmente duras desde las ampas, puesto que algunas contrataban directamente los servicios de comedor. La federación de entidades de padres y madres de alumnos (Fapac) hizo pública una carta la semana pasada en la que criticaba las propuestas de Ensenyament acusándole de querer privatizar los servicios y apartarlas de la gestión.

“No tenemos voluntad de privatizar nada y menos los comedores, y tampoco de hacer cambios si lo que hay está bien, pero nos constriñe la ley de contratos del sector público, que ha marcado un antes y un después en algunas cosas. Hay la voluntad de hacer que el comedor escolar sea un espacio educativo, de introducir la atención a los niños con necesidades educativas especiales también en los comedores escolares y de que las familias participen sobre la gestión de los comedores”, explicó públicamente el 'conseller' Josep Bargalló en la jornada Educació 360, el pasado miércoles. Bargalló definió el borrador como “en fase de prenegociación” y que “se modificará seguro”.

La intención del borrador es, según el ‘conseller’, que el comedor, que ahora incluye también las actividades educativas asociadas, pueda ser gestionado por el centro escolar o por el ayuntamiento. “Voluntad de privatización no hay ninguna, sino más bien la de parar la privatización que algunos agentes que tenían la gestión de los comedores han acabado haciendo, que hay casos”, afirmó, en referencia velada a la gestión de algunas ampas, que contratan directamente el servicio. “No sufráis más de lo necesario”, resumió. 

El texto autoriza a que haya un monitor por cada 20 niños en P4 y P5

El proyecto de Ensenyament, que se está avanzando también a sindicatos y partidos políticos, limita al propio centro (a través de Ensenyament), los ayuntamientos y los consells comarcals la provisión del servicio y relega a las ampas a tareas de supervisión dentro una comisión específica en el consejo escolar porque administrativamente los particulares no pueden contratar de modo directo servicios que vayan a cargo de la Admninistración.

También permite que puedan asociarse escuelas para dar el servicio de comedor y que sea Ensenyament quien cada año fije el precio del servicio, además de primar la calidad como criterio y pedir producto de proximidad.

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), en el que están integradas la Fapac y la Fapaes, ha dado apoyo este jueves a las reivindicaciones de los padres, ha advertido de protestas y ha pedido que los comedores escolares “se enmarquen en el derecho a la educación pública” y sean “universales y gratuitos”.

Niños por monitor

La Fapac también pedía que se reduzca la ratio prevista (de hasta 30 alumnos por monitor en primaria) a niveles más sostenibles y que se garantice la atención dedicada en casos de niños con necesidades especiales, un punto al que no obliga la propuesta de Ensenyament. La atención en los comedores, a diferencia de borradores de otros titulares del departamento, queda fijada en un máximo de 15 alumnos por monitor en P3 y 20 alumnos en P4 y P5. Además, establece que debe de haber un miembro del claustro durante el servicio de comedor.

Para la Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), el decreto resolverá un “vacío legal” existente pero critica que el precio máximo del servicio, que lleva años en 6,2 euros por niño y día. “En calidad se ha mejorado mucho, pero llevamos más de 15 años con el mismo precio, y como actividad económica es inviable. Si Ensenyament quiere fijar el precio deberá tener en cuenta el coste de la materia prima, el coste laboral, la ratio de monitores, que ahora mismo es terrorífica con un monitor para 30 niños en Primaria… Lo de ahora es irreal”, señala Pep Montes, gerente de Acellec, que propone llegar a los 6,80 euros por niño y día en escuelas pequeñas.