La Fiscalía investiga a la Generalitat por la crisis de los menores extranjeros

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J. G. Albalat

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La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre la actuación de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) durante la crisis de los menores extranjeros no acompañados, los 'menas', que durante varios días durmieron en las salas de espera de distintas comisarías de Barcelona, según han confirmado fuentes judiciales. En algún momento, llegó a haber más de medio centenar de jóvenes pasando la noche en colchonetas extendidas sobre el suelo, sin un lugar en el que asearse y comiendo bocadillos que los agentes les facilitaban de las máquinas expendedoras. 

Estas irregularidades fueron denunciadas el pasado 24 de septiembre, por el sindicato de los Mossos d'Esquadra Sap-Fepol, que advirtió de la situación de abandono en que se encontraban los 'menas' por parte de la DGAIA. Esta dirección general, que depende de la Conselleria de Treball i Afers Socials, es la responsable, una vez se determina la minoría de edad de una persona, de tutelar a los jóvenes que se encuentran en Catalunya sin referentes familiares. Suelen ser, en la mayoría de los casos, chicos magrebís que han llegado solos a España, en pateras u ocultos en los bajos de camiones.

Ni instalaciones, ni profesionales

Además, en el escrito que la organización sindical presentó a la Fiscalía de Menores, se denunciaba que los Mossos no disponen de "instalaciones, formación, ni recursos para atenderlos adecuadamente", subrayó entonces el portavoz del sindicato, Valentín Anadón. Pese a la alerta lanzada la semana pasada por los policías y el compromiso de la Generalitat de abrir cinco centros para atender a estas personas, este viernes fueron todavía casi una veintena los 'menas' que volvieron a dormir en las comisarías, a los que son trasladados para que se les haga una identificación, pero que se quedan allí atrapados porque no hay plazas para ellos en los centros de menores de Afers Socials.

Las diligencias abiertas por la Fiscalía, que fue la primera en no autorizar que estos chicos durmieran en sus instalaciones en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, se abren ahora para valorar si, como denuncia el sindicato policial, se ha producido abandono de menores por parte de la Generalitat, al dejar de prestar los "deberes legales de asistencia" a los que está obligada.

La DGAIA admitió que está "desbordada" por el aumento de llegadas de menores no acompañados. La primera crisis se produjo a finales del 2017, cuando los chicos tuvieron en los calabozos de la Ciutat de la Justícia. La juez decana y la Fiscalía de Barcelona ordenaron poner fin a esa situación y exigieron a la Generalitat que habilitara recursos.

Ante esta respuesta, la Generalitat abrió un centro en el barrio de Hostafrancs, pero tuvo que cerrarlo un mes después haberlo puesto en marcha por la presión de los vecinos. La crisis derivó luego hacia las comisarías donde la semana pasada la situación llegó a ser "insostenible". Algunas entidades calificaron lo que estaba ocurriendo de "emergencia social» frente a la que la DGAIA "no dispuso de suficientes recursos económicos, humanos ni profesionales".