Multa millonaria contra España por no depurar aguas residuales

El Estado español tendrá que hacer frente a una multa millonaria por incumplir durante décadas la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado por segunda vez a España y ha sentenciado que deberá abonar una multa de 12 millones de euros a los que se sumará una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre (a partir de este miércoles) que se retrase en aplicar correctamente la directiva. 

La normativa afectada por el incumplimiento, que data del año 1991 y tiene como objetivo proteger el medio ambiente del deterioro causado por el vertido de aguas residuales domésticas e industriales, establece que los Estados miembros deben velar porque todas las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes se dotan de sistemas colectores de aguas residuales urbanas a más tardar para el 1 de diciembre del año 2000. Además, antes de ser vertidas esas aguas debían ser objeto de tratamiento.

La Comisión Europea constató que varias aglomeraciones incumplían la normativa y en el año 2010 decidió denunciar por primera vez a España ante el Tribunal de Justicia por vulneración de la normativa comunitaria. Un año después la corte europea dio la razón al Ejecutivo comunitario al considerar que seis aglomeraciones no disponían de sistemas colectores y otras 37 no estaban equipadas con sistemas de tratamientos de aguas residuales.

Doble incumplimiento

Seis años después y tras constatar el reiterado incumplimiento en 17 de las 43 aglomeraciones, Bruselas decidió interponer un segundo recurso y pedir multas por incumplimiento. Concretamente, la Comisión Europea solicitó a los jueces europeos la imposición de una multa coercitiva de 171.217 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia de 2011 y una cantidad a tanto alzado de 19.303 euros por cada día de retraso entre la fecha de la sentencia de la primera sentencia, el 14 de abril 2011, y su completa ejecución. 

La sanción impuesta por el tribunal es inferior pero aún así será millonaria. España deberá abonar de momento 12 millones de euros, como medida disuasoria debido a los numerosos procedimientos por incumplimientos abiertos contra España, a los que podrían sumarse otros 10,95 millones de euros por cada semestre que se retrase en adoptar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de 2011. En su escrito los jueces rechazan el argumento esgrimido por España de "dificultades jurídicas y económicas internas" como justificación del retraso y recuerdan que desde la lectura de la sentencia de 2011 han pasado ya 7 años.

Es más, al finalizar el plazo fijado por la Comisión para cumplir con la sentencia (el 31 de julio de 2013) 17 de las 43 aglomeraciones cuestionadas -situadas en Andalucía, Asturias, Galicia, Comunidad valenciada y Canarias- seguían sin disponer de sistemas colectores y tratamiento de aguas residuales y de ahí la elevada sanción. La corte europea considera que se trata de un incumplimiento grave de la normativa medioambiental europea. Y advierten que pese a los esfuerzos realizados por las autoridades para reducir el número de aglomeraciones que vulneran las reglas -el número de ha reducido a 9- el carácter prolongado de la infracción constituye una "circunstancia agravante".

La respuesta del Gobierno

La sentencia recoge que, según la información traslada por el Gobierno, la plena ejecución de la misma no se producirá antes de 2019 lo que equivale a un retraso de 18 años en relación al plazo fijado en la directiva. Concretamente, según el ministerio de Transición Ecológica, solo tres de las nueve aglomeraciones (Nerja, Alhauín el Grande y Coín) podrán cumplir este año con la directiva. Otras dos (Isla Cristina y Gijón este) a finales de 2019 y Matalascañas y Valle de Güimar para finales de 2020. La aglomeración más retrasada es la de Barbate que no estará en orden hasta 2022 mientras que el fallo no admite que la situación de Tarifa esté en orden porque según el ministerio las muestras obtenidas fuera del período estival no satisfacen las exigencia de la directiva

El Gobierno ha mostrado su "preocupación" porque España haya agotado todos los plazos y se vea obligado a asumir la sanción económica y ha anunciado que trabaja ya en medidas de choque que se concretarán en un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y rehutilización. El plan prestará "atención al aprovechamiento del tratamiento de las aguas residuales para avanzar en una economía circular, la eficiencia energética y en generación de energía", según el Ministerio implicado.