El TSJC condena a la Generalitat a pagar otros 16 millones a los ayuntamientos por las guarderías

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Generalitat a indemnizar con unos 16 millones de euros a una treintena de ayuntamientos catalanes a los que dejó de pagar las ayudas correspondientes a las escuelas infantiles entre los años 2012 y 2014, según recoge una sentencia hecha pública el pasado jueves. La resolución judicial, la cuarta que se emite en las últimas semanas en el mismo sentido, beneficia en este caso a un total de 26 municipios entre los que se encuentran Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Viladecans y Cerdanyola. También hay pueblos de muy pequeño tamaño, como Montseny (Vallès Oriental) y Camprodon (Ripollès).

La demanda colectiva la iniciaron también los ayuntamientos de Granollers, Les Masies de Voltregà, Riudarenes y Sant Cugat Sesgarrigues, que se desvincularon del proceso (por distintas razones, después de que hubiera cambios en sus respectivas alcaldías), antes de que el TSJC dictara la sentencia, por lo que no recibirán ningún dinero.

"Ha sido un acto contundente de justicia, porque todos esos ayuntamientos tuvieron que realizar un importante esfuerzo para que el recorte que la Generalitat aplicó unilateralmente no afectara a las familias de los alumnos", ha destacado Ana del Frago, secretaria de Educación del PSC y una de las promotoras de la demanda colectiva presentada por esos municipios ante el TSJC. El fallo judicial no es firme y admite recurso por parte del Govern.

1.300 euros anuales por plaza escolar

En concreto, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC condena a la Conselleria d'Ensenyament a abonar a los consistorios demandantes un importe de 1.300 euros anuales por plaza de guardería durante el periodo reseñado, es decir los cursos escolares 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. La entonces 'consellera' Irene Rigau reconoció hace unos meses que, como había adelantado este diario, el presupuesto consignado para las escuelas infantiles públicas fue desviado a colegios concertados, para que estos pagaran las nóminas de sus empleados. 

Después del 2015, la financiación de los parvularios de titularidad pública fue derivada a las diputaciones provinciales, que vienen haciéndose cargo de esta competencia desde entonces, aunque solo pagan 855 euros al año por plaza escolar. "Es importante que el TSJC reconozca que el coste de una plaza de educación infantil es de 1.300 euros, porque eso puede sentar jurisprudencia", ha destacado Elena Moreno, la abogada que ha representado a los municipios demandantes en el caso.

Faltan aún Terrassa y Sabadell

Al goteo de sentencias en contra de Ensenyament por las guarderías se podría sumar muy pronto el caso de Sabadell y Terrassa, que también presentó un recurso de forma individual. Hasta ahora, ha habido sentencias favorables a los ayuntamientos de Cornellà, Esplugues y L’Hospitalet de Llobregat, de Terrassa y de Sant Joan Despí.

"El éxito de estos recursos ha abierto la puerta a que otros ayuntamientos, de todos los colores políticos, se estén planteando ahora presentar también ellos demandas", ha subrayado Ana del Frago, que es también miembro del Foro de Alcaldes por la Educación.

Los equipos de gobierno de Barcelona y de Badalona han anunciado que también ellos emprenderán medidas legales por estos impagos, pero fuentes judiciales han apuntado que no podrán reclamar el importe completo de la indemnización, porque la reclamación solo cubre un periodo de cuatro años, es decir no podrán exigir las ayudas anteriores al 2014.