Las entidades sociales apremian al Govern por la renta garantizada

Las entidades sociales han reclamado al Govern que priorice la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para que el Parlament de Catalunya apruebe antes del verano la ley que la regula. La propuesta lleva más de tres años de retraso. En diciembre del 2013 se presentaron en la Cámara Catalana 121.191 firmas de apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba una renta para combatir la pobreza severa.

La prestación ascenderá a unos 664 euros mensuales. Las familias monoparentales serán las primeras en percibirla. Está previsto que comiencen a cobrarla entre septiembre y octubre de este año. El resto de los trabajadores a tiempo parcial se beneficiarán en el 2020 y, cuando la ley esté desarrollada, se calcula que la percibirán 62.000 hogares. Esta cantidad,  en principio, la recibirán todos los trabajadores temporales cuyo salario no alcance los 664 euros al mes.

NUEVA REUNIÓN

La próxima semana habrá una nueva reunión de la comisión negociadora integrada por representantes de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, gestionada por Dolors Bassa, y las entidades que impulsan la ILP tras desbloquearse el pasado jueves dos puntos conflictivos: compatibilizar la prestación con trabajos a tiempo parcial en familias en riesgo de exclusión o monoparentales.

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a unas 3.000 entidades, se ha mostrado prudente con los “avances” en las negociaciones. “Lo que se está planteado es una redacción de un proyecto de ley que tiene que pasar la tramitación parlamentaria”, ha asegurado Illa y ha calificado de “error” que se retrase su aplicación “teniendo en cuenta las alarmantes cifras de desigualdad y exclusión social que sufre Catalunya”. Según datos de la Taula del Tercer Sector, en Catalunya hay  98.600 hogares en los que no entra ningún ingreso; 171.200 con todas las personas en paro y un 19% de la población en el umbral de la pobreza.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) será el encargado de tramitar la renta garantizada para los nuevos beneficiarios. Los que actualmente perciben la renta mínima de inserción (RMI) pasarán automáticamente a percibir la nueva prestación. Actualmente, hay 288 millones de euros para la RMI que pasaría a la RGC si se aprueba la ley. Illa propone que la gestión de la prestación la tramite una agencia de protección social en lugar de un organismo laboral.