por el libro 'Maddie, la verdad de la mentira'
El inspector del 'caso Madeleine', condenado a pagar 500.000 euros a los McCann
El excomisario portugués Gonçalo Amaral deberá indemnizar a la familia de la niña por los daños morales causados
Gonçalo Amaral, el excomisario luso que investigó el caso Madeleine McCann, ha sido condenado este lunes a pagar 500.000 euros a los padres de la niña británica por los daños morales causados por el libro 'Maddie, la verdad de la mentira'.
Según la sentencia del Tribunal Civil de Lisboa, emitida tras la denuncia de los McCann y dada a conocer por medios portugueses, también se prohíbe la venta y nuevas ediciones de esa obra, que defiende la tesis de que la niña murió de forma accidental y sus padres decidieron ocultar su cadáver.
Maddie McCann desapareció en el Algarve portugués el 3 de mayo del 2007 cuando tenía tres años mientras pasaba unas vacaciones con su familia, un suceso que creó conmoción internacional y que llegó a implicar a las más altas autoridades de Portugal y el Reino Unido.
Este proceso judicial, en el que los McCann pedían hasta 1,2 millones de euros de indemnización, se alargó durante más de cinco años por sucesivos retrasos y un intento de acuerdo judicial entre las partes que no llegó a término.
El libro ya fue prohibido por un tribunal portugués en febrero del 2010 pero, debido a una apelación de Amaral, esa decisión se anuló en octubre de ese mismo año. Ahora la justicia lusa da la razón al matrimonio inglés de médicos en su denuncia por difamación y daños morales y psicológicos.
La pareja, que siempre defendió que su hija fue raptada, ya había sido indemnizada por varios medios británicos que habían informado de su posible relación con la desaparición de su hija. Aparte del libro, la decisión judicial afecta al documental basado en esta obra, que también repasa los detalles de la investigación. Amaral, de 55 años, se jubiló anticipadamente después de no conseguir probar la implicación de los padres de Madeleine en su desaparición.
El caso, que se cerró en un primer momento en julio del 2008, fue reabierto por la fiscalía lusa en octubre del 2013, después de que un nuevo equipo de investigadores afirmara haber encontrado nuevas pruebas, que de momento no han llevado a ningún hallazgo decisivo.
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