Tres herederas pierden millones al impugnar el testamento paterno

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la última voluntad del constructor Juan Banús Masdeu, promotor de la urbanización Mirasierra y coartífice del Valle de los Caídos, y la ha impuesto sobre la de sus tres hijas, que han perdido así decenas de millones de euros por cuestionar su testamento ante el juez y demandar la parte de su hermano.

Banús, que murió en 1984, dejó en su testamento la llamada cláusula Socini, una figura jurídica que establece que la viuda tiene derecho al usufructo de los bienes pero que los herederos han de costear los gastos que se deriven de esto. La cláusula, habitual en algunos testamentos, incluía, sin embargo, una excepción y es que castigaba a quedarse solo con la legítima corta (sin tercios de mejora) si alguien denunciaba el testamento ante los juzgados, aunque fuera en nombre de «menores de edad, ausentes o incapacitados».

Las tres hijas, Pilar, Elvira y Dolores, impugnaron el legado, que favorecía claramente a su hermano varón y a su madre, y fueron llevando el caso hasta que ha llegado al Supremo, que finalmente ha dado la razón al difunto en todas sus partes, que incluía «que se respeten totalmente y con estricta fidelidad las donaciones y legados, cualquiera que fuese su importancia y cuantía, que en vida haya hecho a cualquier persona, en especial a esposa e hijos».

MILLONES MENGUANTES / La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, tomada en pleno, sostiene que «la cautela [la excepción incluida en la cláusula] es admisible dentro de la libertad de testar y no constituye fraude de ley» pues permite al heredero elegir entre respetar el testamento o contravenir sus disposiciones reclamando la intervención judicial o quedarse con menos.

De este modo, Pilar, Elvira y María Dolores Banús Ferré han perdido no solo los 33 millones de euros que solicitaban ante el juez como aumento de su parte sino también una proporción de la herencia cuyo cálculo no ha concretado la sentencia del Supremo, pero que dada la fortuna multimillonaria del importante constructor es considerable.

Las hijas acudieron a los tribunales para solicitar que se les adjudicara la propiedad sobre una determinada cantidad de acciones que, sumados a los intereses, ascendían a un valor de más de 11 millones de euros para cada una, dinero que reclamaban a su hermano Antonio Banús Ferrer, presidente de Comercial Mirasierra, y a los herederos de su tío, Juan Banús Ferrer, promotor de Puerto Banús y fallecido en el 2000.

Los demandados denunciaron a su vez a las tres hermanas por incumplir la cláusula del testamento del patriarca que les prohibía apelar. Sobre esta cuestión, el Supremo les da la razón y acepta la voluntad del difunto constructor.