Calidad o alboroto

Por tercera vez en menos de un año, la Universitat de Barcelona (UB) ha tenido que cancelar esta semana un acto académico de primera fila: un claustro extraordinario en el que estaba previsto debatir y someter a votación los nuevos estatutos de la institución. La presencia de medio centenar de estudiantes (acompañados por algún profesor, también), distribuidos estratégicamente bloqueando las puertas de acceso al edificio del Rectorado, llevó al rector, Dídac Ramírez, a suspender el encuentro. De momento sin nueva fecha. «No hubo tensión, ni violencia física, pero fue un claro impedimento al ejercicio democrático de una gente elegida también democráticamente», lamentaba un dolido rector el día siguiente, en una conversación con EL PERIÓDICO.

«Si de verdad queremos una universidad de calidad, hemos de trabajar por prestigiarla, no por convertirla en una universidad del alboroto», prosiguió Ramírez, que el pasado abril vio cómo una protesta (en esa ocasión hubo algunos destrozos en la universidad) frustró una reunión para la aprobación del presupuesto del 2013 y, más tarde, ya en septiembre, cómo otra movilización forzaba la cancelación del acto inaugural del curso 2013-2014.

Como la prioridad del equipo de gobierno de la UB estos últimos meses ha sido la redacción del nuevo estatuto, la reforma del reglamento en el que se fijarán las normas de convivencia en campus e instalaciones de la universidad ha quedado parcialmente relegada, admitió el rector. Precisamente, la propuesta estatutaria, ahora en un cajón al menos durante unos meses, «recoge, entre sus artículos, el derecho a la protesta cívica, siempre y cuando esta se desarrolle de modo compatible con los derechos del resto de miembros de la comunidad universitaria», aclaró David Vallespín, presidente de la comisión de 60 expertos que ha elaborado el documento y presente en la entrevista.

Al rector Ramírez le resulta bastante difícil comprender por qué un proyecto «que ha contado con el consenso del 95% o el 98% de los miembros de la comisión redactora», afirma, ha suscitado tanta oposición. «Tal vez no lo hemos sabido explicar bien», admitió finalmente.

La reforma de Wert

Los estatutos, que algunos han criticado porque concentran en el rector la potestad para proponer a los futuros decanos de las facultades -cosa que Ramírez matizó, indicando que, «en realidad, lo que se dice es que el rector propondrá un nombre, pero la junta de facultad deberá dar su autorización»- son también una manera de «blindar la Universitat de Barcelona ante las propuestas de reforma universitaria que se han ido conociendo hasta ahora».

Así, por ejemplo, el texto prevé que la elección del rector de la UB siga siendo por sufragio universal (con voto ponderado) frente a las propuestas que han presentado distintas comisiones asesoras, tanto del Ministerio de Educación como de la secretaría general de Universitats de la Generalitat, en las que se propone que el responsable del gobierno de la universidad pueda ser una figura externa designada por un patronato, ajeno también a la universidad.