La modernización de la administración de justicia

El Gobierno edita un manual para que los jueces escriban con claridad

Los autores del brevario constatan defectos de lenguaje y sintaxis en las resoluciones judiciales

El primer libro de estilo de la judicatura advierte contra los párrafos farragosos y mal puntuados

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J. G. ALBALAT
BARCELONA

Párrafos interminables y sin puntos. Exceso de frases subordinadas y de mayúsculas. Empleo de arcaísmos y locuciones latinas o referencias ambiguas. Son algunos de los errores que los jueces cometen cuando redactan sus resoluciones y sentencias o cuando los fiscales elaboran sus escritos. Una comisión de expertos, bajo la dirección del Ministerio de Justicia y de la Real Academia Española, ha elaborado un libro de estilo que, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, ha sido remitido a los jueces y fiscales españoles. El manual describe aspectos lingüísticos y sintácticos básicos, como que entre el sujeto y el predicado no hay coma, e instruye sobre cómo redactar una descripción, una narración o una argumentación.

La modernización de la justicia va más allá de las nuevas tecnologías y de la mejora de la gestión de los recursos. Como expone el preámbulo del informe de la comisión, «una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender». En 30 páginas, académicos, filólogos, lingüistas, juristas y periodistas hacen recomendaciones a los profesionales del Derecho sobre cómo deben escribir para que se entienda lo que se pretende comunicar. La comisión, que fue constituida en diciembre del 2009, estuvo presidida por el secretario de Estado de Justicia y por el director de la Real Academia.

CLARO Y SENCILLO / Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de la comisión, explicó a este diario que el objetivo fundamental del manual es «garantizar el derecho que tiene el ciudadano a entender una resolución judicial». «Y para ello -agregó-, tiene que utilizarse un lenguaje claro y sencillo que sea compatible con el rigor que la ciencia jurídica exige». Los expertos se plantearon hacer un documento que «fuera manejable para garantizar su utilidad, tanto para los profesionales como las instituciones, la Escuela de Práctica Jurídica y las universidades», según la jurista. Y apuestan por incoporar en la enseñanza elementos básicos sobre el lenguaje jurídico.

Las encuestas sobre el estado de la justicia apuntan que la ciudadanía confía en el rigor de los profesionales pero que, al mismo tiempo, no les comprende o lo hace con dificultad. De las quejas llegadas al Servicio de Atención al Ciudadano del CGPJ se desprende que el lenguaje jurídico que se utiliza es «críptico y oscuro». Los barómetros reflejan que un 82% de los ciudadanos consideran que el lenguaje de los jueces y fiscales es «excesivamente complicado y difícil de entender».

La comisión constata la existencia de prácticas asentadas que dificultan la comprensión de los escritos judiciales, así como reiteradas incorrecciones sintácticas y gramaticales. De ahí, que los expertos enumeren recomendaciones. Como una guía de lo que no se debe hacer y lo que sí. El manual deja patente que un «texto ha de ser coherente y ordenado en sus contenidos».

El dictamen explica cómo debe ser una descripción: ordenada, precisa, exacta y clara; debe seguir un orden y, si es posible, ser concisa (para captar con mayor claridad los aspectos importantes). O una narración: «Implica retratar un suceso o acontecimiento». Es decir, un relato ajustado a lo sucedido, «completo en la enumeración de personas y circunstancias» (qué, quién, cómo, dónde y cuándo). Nada de valoraciones subjetivas (por qué). La argumentación de una resolución ha de ser «explícita» y escrita con un lenguaje «inteligible».

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TEXTOS INCOHERENTES / El principal problema de los textos jurídicos son los párrafos excesivamente largos, donde no se segmenta ni delimita la información y que, por lo tanto, en muchas ocasiones, resultan incoherentes. Por ello, la comisión recomienda que no tienen que sobrepasar los límites razonables y que se debe evitar la concatenación de frases subordinadas. Es decir, frases breves y sintaxis sencilla.

Los expertos han detectado el uso incorrecto de los signos de puntuación y aclaran que su función principal es «establecer límites sintácticos, marcar pautas para la lectura, facilitar la comprensión y, especialmente, evitar interpretaciones erróneas». Así, alertan de que «entre sujeto y predicado no hay coma» y que tampoco se usa este signo entre el verbo y sus complementos más allegados. También constatan una excesiva frecuencia de la preposición «a» con el sentido de «para» o «a fin de»; el abuso del futuro del subjuntivo (hubiera, tuviere), que prácticamente ha desaparecido del uso habitual del idioma, y la incorrección de los tiempos verbales. Las citas jurídicas no propias en cascada deben evitarse, así como los arcaísmos (mendaz por falsa) y las locuciones latinas (iuris tantum por admite prueba en contrario).