Falsa alarma en el desalojo previsto para una finca 'okupada' en el casco antiguo de Santa Coloma

El desalojo del inmueble 'okupado' conocido como CSOA (Centre Social 'Okupat' Autogestionat) Estudi 9 en el centro de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) ha quedado este jueves 21 de septiembre provisionalmente en el limbo, después de que la semana pasada una protesta contra las 'desokupaciones' ya caldeara el ambiente.

Pese a que la 'desokupación' había sido notificada a la veintena de jóvenes del ruidoso aunque minoritario movimiento 'okupa' de la ciudad que actualmente tienen presencia en la finca situada en la C/Pedró, número 14, en una zona en la que se hallan 'okupadas' hasta cuatro casas, la acción no se ha producido y por el momento ha quedado en falsa alarma hasta nuevo aviso.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso, vinculado a la anquilosada y enmarañada reforma del casco antiguo en el centro urbano colomense, explican que la demanda inicial de desahucio por precario fue interpuesta por Sabadell Real State Development, sociedad integrada en el grupo del Banco Sabadell.

La demanda de ejecución del mismo, sin embargo, a través de una subrogación procesal corrió a cargo del fondo Hiperion Activos Inmobiliarios, actualmente propietario de diversas fincas afectas al Plan Especial de Reforma Interior de Santa Coloma Vella II (PERI II). En este caso concreto no está directamente implicado el Ayuntamiento de Santa Coloma, como sí lo estuvo en otro desalojo en enero, que desde hace tiempo batalla contra las 'okupaciones' del centro urbano con el propósito de renovar el degradado casco antiguo colomense.

Durante la mañana de este 21 de septiembre, hasta un centenar de jóvenes (del movimiento 'okupa' colomense y de los de otras ciudades), entre los cuales se han integrado representantes locales de la PAH y la CUP, han flanqueado el Estudi 9 en la vía pública mientras comían, bebían alcohol, fumaban y realizaban juegos (tan provocativos políticamente como lanzar dardos a una diana con la cara de Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma actualmente en prisión por el 'Caso Pretoria') a expensas de una posible intervención policial.

La presencia policial no ha dado finalmente lugar, y fuentes conocedoras de la realidad del lanzamiento cuentan que, al observar la explícita negativa de los implicados a ser desalojados, la comitiva judicial ha dado media vuelta y ha anotado la de este jueves como una primera aproximación a la 'desokupación', sin perjuicio de que próximamente se acabe produciendo el desalojo con posible uso policial de la fuerza pública.

Esa circunstancia ya se dio, de hecho, en enero de este 2023. Entonces los Mossos d'Esquadra desalojaron el denominado CSOA Lakasa, inmediatamente después derribado en la plaza de la Vila, también en el centro colomense. En aquella ocasión, la expulsión fue consecuencia de un decreto de la alcaldesa Núria Parlon (PSC) para recuperar la propiedad del inmueble, que pertenece al consistorio y forma parte de las edificaciones previstas en el marco del PERI II.

La reparcelación, en los tribunales

El inmueble donde se ubica el mencionado Estudi 9 está afecto a la reparcelación del casco antiguo de Santa Coloma que el TSJ de Catalunya (TSJC) tumbó el pasado noviembre del 2022, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Pese a que otra sentencia posterior avaló el revés judicial, la decisión del TSJC no es todavía firme y está pendiente de un recurso a cargo del Ayuntamiento de Santa Coloma que debe resolver el Tribunal Supremo.

Los anteriores propietarios del inmueble de Pedró, 14, vecinos privados, ya fueron consecuentemente indemnizados, y de la citada reparcelación el inmueble resultó adjudicado al Banc Sabadell, actual titular de la finca.

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Fuentes conocedoras del expediente histórico de la finca aseguran que en su momento la entidad bancaria llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Coloma para que el consistorio adquiriera la finca previa recalificación como equipamiento público, comenzada hace cosa de un año. La citada recalificación todavía no ha cristalizado y, por ende, tampoco lo ha hecho el retorno de la finca al poder de la administración local.

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