Polémica reforma urbana

Protesta vecinal contra el desalojo de una finca 'okupada' en Santa Coloma: "El centro no es un parque temático"

La finca, ubicada en la calle del Pedró, 14, está afecta a la reparcelación del casco antiguo de la ciudad que tumbó el TSJC

CONTEXTO I El TSJ de Catalunya deja sin efecto la reparcelación del casco antiguo de Santa Coloma

ANTECENDENTE I Desalojado un controvertido centro okupado de Santa Coloma

Barcelona 13/09/23 Barcelona. Cobertura de la manifestación en contra del desalojo, previsto para el 21 de septiembre, del Centro Social Okupado 'L'estudi 9', situado en la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet. AUTOR: MANU MITRU

Barcelona 13/09/23 Barcelona. Cobertura de la manifestación en contra del desalojo, previsto para el 21 de septiembre, del Centro Social Okupado 'L'estudi 9', situado en la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU

Gerardo Santos
Manuel Arenas
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Al ritmo del punk rock que emitían unos destartalados altavoces ha empezado este miércoles por la tarde el acto organizado por los colectivos contrarios a la polémica reforma del barrio antiguo de Santa Coloma de Gramenet. Han reunido a su masa social para convocar a la ciudadanía a evitar el desalojo previsto para el próximo día 21 de septiembre de lo que queda del centro social 'okupado' y autogestionado Estudi 9.

De producirse la desocupación, que está prevista para el jueves 21, se completaría el proceso iniciado en enero de este año, cuando ya se desalojó la otra parte del mismo inmueble, situado en la calle del Pedró, 14.

Durante el acto han tomado la palabra representantes del centro 'okupado' y de otros colectivos como Salvem el barri antic o la PAH Gramenet, entre otros. Quizás el más vehemente ha sido Pep Palacio, histórico activista por la conservación de los elementos patrimoniales naturales de la ciudad. Su discurso ha sido un alegato "para conservar el barrio antiguo y evitar que el Ayuntamiento convierta el centro de la ciudad en un parque temático".

Por su parte, desde la PAH Gramenet han señalado "la falta de una política en favor del derecho a la vivienda en Santa Coloma" y han recordado que cada semana se producen "entre 20 y 30 desahucios en la ciudad".

Consultadas por el origen de la orden de desalojo, fuentes municipales se limitan a confirmar que se trata de un “un pleito entre particulares”, mientras que desde los colectivos convocantes de la protesta se muestran críticos con la “influencia ejercida en este caso por el Ayuntamiento”.

"Los propietarios de los inmuebles habían denunciado ante el juzgado a las personas que habían ocupado las casas. Después de años de procedimiento, el juzgado ha resuelto que tienen que devolver la vivienda a sus propietarios, ordenando el desalojo", especifican fuentes muncipales.

La reurbanización, en los tribunales

El inmueble donde se ubica el Estudi 9 está afecto a la reparcelación del casco antiguo de Santa Coloma que el TSJ de Catalunya (TSJC) tumbó el pasado noviembre del 2022, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Pese a que otra sentencia posterior avaló el revés judicial, la decisión del TSJC no es todavía firme y está pendiente de un recurso a cargo del consistorio.

Para los convocantes, el proceso de reurbanización de la parte del barrio antiguo donde se encuentra la finca ―el llamado Plan Especial de Reforma Interior (PERI) II Ciutat Vella― es un plan "al servicio de constuctores y especuladores".

Palacio ha citado como referente de buen hacer en el ámbito de la reurbanización al anterior PERI que se llevó a bajo la alcaldía de Lluís Hernández (PSUC) durante la década de los ochenta, que permitió la renovación de calles como Sant Carles, Safareig o los jardines de Can Sisteré: "Pusieron el listón bien alto", ha descrito el veterano activista.

Recalificación pendiente

Los anteriores propietarios del inmueble de Pedró, 14 ―vecinos privados― ya fueron consecuentemente indemnizados, y de la citada reparcelación el inmueble resultó adjudicado al Banc Sabadell, cuya titularidad actual consta en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, la entidad bancaria llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Coloma para que el consistorio adquiriera la finca previa recalificación como equipamiento público ―comenzada hace cosa de un año―, la cual todavía no ha cristalizado y, por ende, tampoco lo ha hecho el retorno de la finca al poder de la administración local.

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