Condenado un jefe policial de Sabadell por quitar multas a cargos del PSC

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un jefe de la Policía Local de Sabadell por dar órdenes a sus subordinados para retirar multas de tráfico a tres personas vinculadas al PSC de la población en 2010. El tribunal achaca un delito continuado de tráfico de influencias al subinspector Antonio Sánchez. Le impone una pena de seis meses de prisión y dos años de inhabilitación para ocupar empleo público por forzar que se quitaran las sanciones a una exconcejal socialista, un excargo del partido en el ayuntamiento y una excompañera de trabajo de la entonces directora de Presidencia del consistorio, a su vez pareja del entonces alcalde, Manuel Bustos. 

A causa de las maniobras que se atribuyen al responsable policial, el ayuntamiento de la ciudad vallesana dejó de ingresar 377,40 euros por tasas del servicio de grúa. Sánchez abonará la cuantía a las arcas municipales. Precisamente, Bustos cumple tres años de cárcel por intervenir en un asunto idéntico, en que se quitaron los castigos que la esposa y los hijos del exdirigente socialista recibieron por incumplir el código de circulación. Los hechos llevaron pareja una condena a Josep Miquel Duran, exintendente del cuerpo municipal de Sabadell, quien canceló las multas en base a las indicaciones del exalcalde. 

La condena de Bustos se enmarca dentro de una de las dos derivadas del ‘caso Mercuri’ de presunta corrupción en que el ex edil socialista ha sido declarado culpable por tráfico de influencias. La sentencia que el subispector de la policía de Sabadell encajó en septiembre y que ahora ha trascendido está desvinculada de la macrocausa de supuestas irregularidades durante el mandato del ex alcalde. En todo caso, los hechos que la reciente resolución relata son similares a los que acabaron llevando al exdirigente del PSC a la prisión de Lledoners.  

"Influencia" sobre los agentes

La Audiencia de Barcelona ha dado por acreditado que Sánchez “ejerció influencia” aprovechándose de la “superioridad jerárquica” que ostentaba sobre dos agentes subordinados que anularon las multas, sostiene la sentencia a la que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. El tribunal concluye que el subinspector actuó “interfiriendo” en los trámites de las sanciones para que los policías "llevaran a cabo los trámites necesarios a fin de que los titulares de los vehículos pudieran sacarlos sin el devengo de tasa alguna", plasma el fallo. El resultado fue que se generó “un interés económico favorable a terceras personas”.

Los magistrados destacan que dos de los beneficiados estaban “vinculados directamente al Ayuntamiento de Sabadell”. Se trata de la exconcejal del PSC Concepción Manzano y el excargo municipal Cristian Sánchez, quien fue edil socialista en Sabadell años más tarde. La sentencia recoge que el vehículo de la exconcejal se aparcó en una zona reservada a servicios de mantenimiento de un parque, mientras que el coche de Sánchez se estacionó sin autorización en un área reservada para la comitiva del entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, durante una visita del exmandatario a Sabadell en ocasión de su fiesta mayor en 2010. En el tercer caso, en que los jueces aluden a la relación entre la propietaria del turismo con la pareja de Bustos, el vehículo se aparcó en parte sobre la acera, de forma indebida.

Idéntico 'modus operandi'

La resolución sostiene que el responsable policial procedió siempre de la misma forma en los tres episodios que le han costado la condena. Según el tribunal, Sánchez dio instrucciones a agentes bajo su mando para que modificaran el motivo de retirada del vehículo. Al alterar el expediente, los propietarios recuperaron los turismos horas después de trasladarse al depósito municipal sin pagar ningún importe.

En el caso de la conocida de la mujer de Bustos, fue la secretaria de la pareja del exalcalde quien se encargó de retirar el coche. A posteriori, el subinspector mandó redactar y firmó unos informes en los que justificaba que se había demostrado que la infracción se había cometido por una urgencia probada o que los vehículos tenían permiso para estacionar en espacios reservados. La sentencia discute la veracidad de esas disculpas, que bastaron para poner fin a los procedimientos sancionadores.

La Fiscalía había reclamado diez meses de prisión por tráfico de influencias y siete años de inhabilitación por otro de supuesta prevaricación que imputaba al subinspector. Sin embargo, la Justicia ha absuelto a Sánchez del segundo presunto delito y, aparte, ha moderado la condena aplicando las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño causado. El jefe policial depositó 613,33 euros en un juzgado de Sabadell en concepto de indemnización antes de recibir la condena. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció -que ejerce la acusación popular en el 'caso Mercuri'- ha reprobado los hechos, en los que dice atisbar que "determinados funcionarios" actuaron en Sabadell "vulnerando su obligación de velar por el interés público".