Seis excargos del Ayuntamiento de Sabadell a juicio por vertidos ilegales

La juez instructora del caso 'Mercuri' ha dictado apertura del juicio oral por la pieza número 6, conocida como 'Can Xupa', en la que están acusados seis excargos del Ayuntamiento de Sabadell (Vallès Occidental) por facilitar vertidos ilegales de tierras en una finca en 2011 sin disponer de las licencias necesarias para esa actividad. 

Son tres concejales, un coordinador, un arquitecto técnico y el jefe de la Policía Municipal, todos acusados de un delito continuado contra el medio ambiente. Dos de ellos también están acusados de tráfico de influencias, mientras que el resto lo están de un delito contra la ordenación del territorio y también por prevaricación. 

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Se les considera presuntos responsables de un vertido de 53.000 m3 de escombros en la finca Can Xupa, procedentes de las obras de la prolongación de los FGC y del polígono comercial Sant Pau de Riu-sec.

Vertido masivo y descontrolado

Los terrenos donde se realizó el vertido estaban calificados como no urbanizables con valor agrario, e incluidos en los Espacios de Interés Medioambiental como Zona de valor agrícola y de interés ecológico. El vertido se habría realizado de forma masiva y descontrolada sin ninguna licencia.

La actividad la habría promovido el ex concejal del PP Jordi Soriano, representante de la mercantil GTA Onlae. Él y el arquitecto técnico José Manuel González están acusados de un delito continuado de tráfico de influencias y de un delito continuado contra el medio ambiente.

La causa también señala al exconcejal de Sostenibilidad y gestión de Ecosistemas (PSC), por un delito continuado contra la ordenación del territorio, un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado contra el medio ambiente. La jueza envía a juicio por los mismos tres ilícitos al exconcejal de Urbanismo Joan Manau, el ex intendente de la Policía Municipal José Miguel Duran y el ex Coordinador de Espacio Público Xavier Izquierdo -cargo de confianza del PSC- .

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso el ACN, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional de la investigación contra el ex número 2 de la Policía Municipal, Antonio Sánchez, al considerar que no queda acreditada su participación en los hechos investigados .

Fianza de 1,15 millones

La juez reclama a los seis acusados y también al Ayuntamiento de Sabadell una fianza solidaria de 1,15 millones de euros para afrontar las cantidades pedidas en concepto de responsabilidad civil. Esta indemnización la pide Quirze Elies, propietario de Ca n'Alzina, finca adyacente a Can Xupa.

La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC), que ejerce la acusación popular, se ha opuesto "radicalmente" a que el Ayuntamiento avale parte de la fianza de una reposición de terrenos "alterados por los comportamientos presuntamente corruptos de responsables políticos y cargos de confianza del PSC". En un comunicado, el colectivo pide imponer esta fianza al PSC.

Penas de hasta cuatro años de cárcel

Según la fiscalía y la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, los vertidos habrían contado presuntamente con el consentimiento y el encubrimiento de los máximos responsables municipales de Urbanismo y de Sostenibilidad del gobierno del PSC, Joan Manau y Ricard Estrada, y del máximo responsable de la Policial Municipal, José Miguel Duran.

A pesar de tener conocimiento de que se trataba de una actividad ilícita, los acusados no habrían hecho nada por detenerla y no tramitaron o hicieron desaparecer las actas de las denuncias emitidas por los agentes de la Unidad de Vigilancia Rural de la Policía Municipal, además de no tramitar expedientes disciplinarios abiertos.

La fiscalía pide cuatro años de prisión y diez de inhabilitación para Joan Manau, exteniente de alcalde de Urbanismo y Espacio Público, y Ricard Estrada, exconcejal de Sostenibilidad y Ecosistemas, ambos del PSC, por los delitos continuados contra la ordenación del territorio y prevaricación.

Asimismo, pide tres años de cárcel y 120.000 euros de multa para Jordi Soriano, exconcejal del PP y representante de la empresa GTA Onlae, y José Manuel G.P., arquitecto técnico, por tráfico de influencias; dos años de prisión e inhabilitación durante ocho años para el intendente jefe de la Policía Municipal José Miguel Duran, por delito contra el territorio y prevaricación; y un año y cinco meses de prisión y seis años de inhabilitación para Xavier Izquierdo, cargo de confianza del PSC y coordinador de Espai Públic, por los mismos delitos que los demás miembros del gobierno municipal.

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