Derechos de los trabajadores
Inspección de Trabajo investiga una posible vulneración de derechos en una unidad de Correos en Sabadell
Los trabajadores están en huelga desde el 6 de abril al considerar que la empresa deriva carga de trabajo a otros centros
Los trabajadores de la unidad de reparto número 4 de Correos en Sabadell (Vallès Occidental) han denunciado ante Inspección de Trabajo la desviación de carga laboral en su centro ante la situación de huelga convocada desde el 6 de abril.
La inspectora de guardia, según informa el sindicato CGT, se desplazó hasta el centro el pasado miércoles 21 de abril para recoger datos sobre esta situación, que los empleados consideran que es fraudulenta y que vulnera el derecho de huelga.
Concretamente, apuntan que la empresa habría contratado seis personas para cubrir el vacío en cuanto a mensajería y paquetería consecuente del paro de los trabajadores, que reclaman incrementar el número de efectivos de los 17 actuales a los 26 que le corresponde a la unidad para carga de trabajo.
Falta de capacidad de entrega
La unidad en huelga da cobertura a los barrios del norte de la ciudad, un volumen de población de 70.000 personas. "Hay una falta de contratación que hace que haya una precarización del servicio y menos personal del que necesita la ciudadanía, una situación generalizada en todo", señala Eduardo Fernández, miembro del comité de huelga.
Este hecho ha derivado en otra problemática, que según detalla Fernández afecta a las notificaciones administrativas, que no se han contabilizado de manera correcta por falta de capacidad de entrega en los turnos correspondientes. Aparte, el envío postal vinculado a la campaña electoral también se ha visto afectado en cuanto a las retribuciones que perciben los trabajadores.
A raíz de la huelga, la empresa ha derivado el servicio de paquetería a otra unidad de reparto, que el comité denuncia que ha conllevado la contratación de seis personas. "Es lo que nosotros pedíamos y nos decían que no podía hacerse", lamenta.
Por todo ello, denunciaron la situación a Inspección de Trabajo, que, según explica Fernández, el miércoles 21 de abril derivó una inspectora a la unidad que ha asumido su carga de trabajo para recoger pruebas y determinar si se ha vulnerado el derecho de los trabajadores.
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