La justicia falla a favor de la empresa que gestiona los residuos en Sabadell en su contencioso con el Ayuntamiento

La empresa Serveis i Mediambient S.A. (Smatsa), empresa que gestiona el servicio de recogida de residuos y limpieza de Sabadell, anunció el pasado martes 7 de enero que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº11 de Barcelona había estimado el recurso presentado por la empresa en uno de los puntos del contrato del servicio de recogida de residuos con el Ayuntamiento de Sabadell. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, indica que el consistorio sabadellense debe indemnizar a Smatsa por los costes adicionales del transporte de residuos hasta la planta de Hostalets de Pierola, cuando se realizaban las obras en la planta compactadora de la carretera de Castellar del Vallès entre los años 2015 y 2017. Sin embargo, aunque desde Smatsa celebraron que “la sentencia resuelve sobre el fondo de una de las disputas existentes, estimado el recurso presentado”, el texto judicial, indica que se ha estimado el recurso contencioso-administrativo “parcialmente”.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Sabadell –que gobernó en coalición durante el anterior mandato- señalan que “ha habido un nuevo intento de engaño al consistorio sabadellense por parte de la concesionaria”, y que la decisión del juez "desestima el grueso de las pretensiones [de Smatsa] y avala por completo las consideraciones del informe municipal”.  

Por parte del Ayuntamiento de Sabadell no se han hecho declaraciones y afirman estar “estudiando técnicamente” el texto para analizar si se interpondrá recurso.

A 40 kilómetros de Sabadell

Tras instrucciones municipales, la descarga de residuos se derivó a la planta de Hostalets de Pierola, a 40 kilómetros de Sabadell, del 1 de junio de 2015 hasta el 18 de julio de 2017 por las obras en la planta de Castellar. Por este motivo, Smatsa presentó una reclamación “solicitando el ajuste hasta los 188’57 euros al coste de explotación por jornada de trabajo de un vehículo (…) mientras no se hiciera efectiva la puesta en marcha de la nueva compactadora de residuos”.

La defensa del consistorio sabadellense argumentó entonces “de forma subsidiaria el precio se establece 0’61 euros/km”, en lugar de los 1,57 euros solicitados por Smatsa y que “el periodo computable serían 62 días”, fecha de finalización de las obras de la planta.

La sentencia afirma que el precio ofertado en el contrato era de “266,45 h por 7,33 horas" de servicio, lo que resulta un precio extra de 34,08 por servicio que, dividido por los km de ida y vuelta “arrojan, como se contempla en el informe, un precio de 0’61 euros/km” - a lo que habría que sumar los gastos generales previstos en el contrato (1’3%) y beneficio industrial (3’5%)-.

Finalmente, el juez determina que corresponde a indemnización el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2015 hasta el 3 de agosto de 2015 y entre el 27 de febrero de 2017 y el 18 de julio del mismo año. Este último periodo corresponde al periodo entre que se solicitó la licencia ambiental y la notificación del decreto de inscripción y cesión de la planta.

Diferentes puntos de vista

Smatsa celebró el resultado de la sentencia y explicaron que la empresa tiene ahora “derecho a reclamar, a más de la cantidad debida, los intereses legales pertinentes”. También afirman que, para ellos, lo fundamental es que “la sentencia debería servir al actual equipo de gobierno para afrontar las diferentes cuestiones en litigio, heredadas del anterior consistorio”. No obstante, añaden que siempre han solicitado una solución dialogada que, dentro del marco legal, “evitase perjuicios innecesarios para todas las partes implicadas”.

Desde ERC defienden que aunque la concesionaria reclamaba que se le compensara económicamente el transporte de los residuos durante 24 meses y que se le abonase 1,57 euros por cada kilómetro recorrido, el juez limita esta compensación a un total de siete meses y en 61 céntimos por kilómetro.

El concejal republicano Raül Garcia Barroso destacó el pasado miércoles 8 de enero que: "La sentencia sólo estima el sobrecoste del 1 de junio de 2015 al 3 de agosto de 2015, que es cuando efectivamente se terminó la obra que había para que las instalaciones de la carretera de Castellar pudieran gestionar los residuos” y que “la sentencia avala da la razón en el informe técnico municipal, y, en definitiva, desestima el grueso de las pretensiones de Smatsa".

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