España esgrime la "identidad nacional" en defensa del catalán en la UE pero no logra avances

La última vez que la oficialidad del catalán, euskera y gallego estuvo en la mesa del Consejo de Asuntos Generales de la UE fue el pasado 12 de diciembre. Entonces el Gobierno de Bélgica, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE, se comprometió a seguir trabajando en la petición española, aunque hasta ahora la iniciativa se había quedado en un cajón. Este martes, el gobierno español ha intentado empujar de nuevo la iniciativa por medio de un memorándum que ha presentado durante una intervención de apenas diez minutos que se ha quedado sin respuesta.

"Hoy se ha explicado la posición española. Hemos tomado nota pero no ha habido debate así que ya veremos qué curso se da en el próximo Consejo de Asuntos Generales", se ha limitado a resumir la ministra de exteriores belga, Hadja Lahbib, que ha añadido que la presidencia belga de la UE afronta este debate con una "apertura de miras total" y dispuesta a incluir asuntos en el orden del día si lo piden los Estados miembros.

España remitió el nuevo documento el pasado viernes y este martes lo ha presentado formalmente ante el resto de socios europeos, como "punto de información", durante la reunión de ministros de asuntos europeos celebrada en Bruselas. Según han explicado varias fuentes diplomáticas consultadas, la presentación del documento ha durado entre “cinco y diez minutos” y, tal y como estaba previsto, no se ha producido ningún tipo de debate ni ningún Estado miembro ha tomado la palabra para reaccionar al contenido del texto. "La discusión continuará, pero no ha habido ninguna conclusión formal. Solo ha sido un punto de información y hemos tomado nota", han explicado fuentes diplomáticas europeas.

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El secretario de estado de asuntos europeos español ha sido el encargado de presentar “todas las justificaciones y razones”, recogidas en un documento de dos páginas y 16 puntos, que demuestran que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene “una propuesta sólida y legítima que permite que todo el mundo pueda comprender” que es un tema "esencial para España", "parte de nuestra identidad nacional" y que “está reflejado en nuestra Constitución y nuestra cultura”. No en vano las tres lenguas tienen un "peso demográfico significativo" tanto a nivel doméstico como europeo: “alrededor de 20 millones de personas viven en España -y, por tanto, en la UE- en regiones con una lengua oficial distinta al español”, alega el memorándum.

¿Nuevos derechos?

Otro punto clave para convencer al resto de socios es que “no pretende crear nuevos derechos, ni ahora ni en el futuro”. Al contrario, pretende resolver una situación “extraordinariamente anómala en el contexto lingüístico de la UE”. Es decir, las tres lenguas son lenguas nativas de un Estado miembro, están reconocidas en la Constitución, han sido utilizadas en ambas cámaras del Parlamento español, se han utilizado desde hace más de una década en las instituciones europeas gracias a los acuerdos administrativos, los tratados se han traducido a las mismas y se han depositado copias certificadas en el Consejo y el España se ha comprometido a asumir el coste que tendrían la oficialidad.

Pese a la falta de resultados y avances tangibles en esta cita, el Gobierno español ve “comprensión” entre el resto de delegaciones y asegura que seguirá defendiendo y promoviendo la iniciativa para reformar el reglamento 1/58 del Consejo que regula las lenguas oficiales de la UE y cuya modificación exige la unanimidad. “El mensaje que estamos enviando es que España no va a abandonar esta reivindicación y esperamos que pueda ser reconocido así por todos los Estados miembros”, ha dicho Sampedro que ha asegurado que “los ecos que nos llegan es que hay una comprensión real de que esto responde a la identidad nacional de España y que no vamos a abandonar”, ha añadido.

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Pese a este optimismo, la recepción del memorándum ha sido más bien tibia. Nadie cierra la puerta a la propuesta, pero sigue sin conseguir suficientes apoyos. “La cuestión ha estado durmiente durante un tiempo” y estamos abiertos a explorarla en detalle”, ha asegurado el ministro finlandés, Anders Adlercreutz, a su llegada a la reunión. El finlandés ha recordado que él mismo vivió en Cataluña y que conoce la situación lingüística “pero para tomar una decisión tenemos que saber a qué puede conducir. Tenemos varios países con lenguas minoritarias propias. En Finlandia también tenemos el suomi en el norte de Laponia y podría tener repercusiones. Esa es realmente nuestra principal preocupación”, ha añadido.

Como hiciera en ocasiones anteriores quien se ha mostrado dispuesta a apoyar la petición española ha sido la representante de Rumanía que entiende que el trabajo realizado por España demuestra que no supondrá un “precedente”, aunque reconoce las dificultades que plantea la iniciativa desde el punto de vista jurídico, financiero y de traducción. “Creo que para Rumanía son argumentos suficientes para apoyar. Entendemos que para el Gobierno de España es muy importante”, ha dicho la secretaria de estado, Daniel Grigore Gìtman. Menos eufórico, como en ocasiones anteriores, se ha pronunciado el ministro letón de exteriores, Krisjanis Karins, que reiterado que la propuesta plantea dudas legales aunque, en última instancia, es una "prerrogativa individual de cada Estado miembro" decidir sobre sus lenguas oficiales.