El PDECat pide a la Audiencia Nacional salir del caso 3% al haberse extinguido

El PDECat, formación heredera de la extinta CDC, ha solicitado a la Audiencia Nacional salir del conocido como caso 3%, la investigación en torno a la supuesta financiación irregular de Convergència a través de licitaciones de obra pública, al haberse extinguido el partido.

La formación, que nació en 2016 a raíz de la disolución de la Convergència fundada por Jordi Pujol, hace constar en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, que un juzgado de lo Mercantil de Barcelona declaró la "extinción de la persona jurídica concursada", motivo por el que pide a la Audiencia Nacional que le archive el caso.

Un caso que lleva en la Audiencia desde 2018 y que aún está pendiente de fecha de juicio, más de un año después de que el juez, en noviembre de 2022, acordase abrir juicio oral para el PDECat y CDC y sus extesoreros Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca, entre otros.

El PDECat, que puso punto y final a su trayectoria política tras un congreso celebrado en octubre del año pasado, entiende que la resolución del pasado diciembre en la que un juez acordó la conclusión del concurso de acreedores implica la extinción de su eventual responsabilidad penal y civil.

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Un argumento con el que discrepa la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha remitido su informe al tribunal, en el que sostiene que, al margen de que el concurso haya declarado "sin masa", "debe ser en la vía penal en la que se determine, en primer lugar, si existe responsabilidad de CDC y, en segundo lugar, si existen bienes a nombre de PDECat que deban responder con relación a dicha responsabilidad".

"Una cosa es la extinción del partido político y otra la imputación de sus bienes al resultado, en caso, condenatorio", indica el informe de Anticorrupción.

Multa y penas de prisión

La Fiscalía solicita en esta causa 3 millones de euros en concepto de multa para PDECat y CDC por un delito de blanqueo de capitales, y para los exgerentes de CDC Viloca y Gordó pide las condenas de prisión más altas, 21 años y 4 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, mientras que para Osácar reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad.

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En total, deben ser juzgadas un total de treinta personas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y dieciséis personas jurídicas.

Se juzgará si, como sostiene la Fiscalía, entre 2008 y 2015 "altos cargos" de CDC, "en connivencia" con cargos públicos, funcionarios de distintas administraciones catalanas y empresarios, "pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

El fiscal cree que empresarios se concertaron con cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones a través de las fundaciones afines, que a veces estaban "vinculadas" a "contraprestaciones por la adjudicación" de contratos y otras se realizaban para "crear o mantener una buena relación con CDC" y, así, ser tomados en cuenta para futuros concursos, es decir, para mantener una relación "privilegiada" con el partido y "consagrar su pertenencia a la familia".