Los letrados del Parlament rechazan suspender el protocolo contra el acoso mientras lo revisan

El Parlament no suspenderá el protocolo contra el acoso mientras se estudia su posible revisión. Así lo ha decidido la Mesa de la Cámara catalana, tras recibir un informe de sus servicios jurídicos, que apostaba por mantenerlo vigente durante esta verificación. El órgano parlamentario encargó este pronunciamiento hace unas semanas y los Comuns solicitaron una reunión de la Mesa ampliada para abordarlo, tras la denuncia de acoso por razón de género formulada por la diputada Cristina Casol contra la dirección del grupo parlamentario de Junts, que finalmente no quedó acreditada y que motivó su posterior expulsión.

La presidenta de la institución y dirigente de la formación posconvergente, Anna Erra, era partidaria de suspender este mecanismo, al considerar que tenía carencias importantes. Una posición que no avalaron ni el PSC, ni ERC, ni la CUP, aunque los tres grupos también se posicionaron a favor de la revisión. Según fuentes parlamentarias, los letrados consideran que anular el protocolo incumpliría la ley, que obliga a instituciones y empresas a tener un mecanismo para actuar en estos casos. Sin embargo, y aunque siga temporalmente vigente, se hará una fiscalización "exhaustiva" del actual protocolo para detectar sus posibles flaquezas.

La diputada expulsada de Junts se sentará al lado del exdirigente de Vox en el Parlament

¿Qué defectos ven los letrados?

La principal laguna, en la que ya ponen el foco los servicios jurídicos en este primer informe, es que el protocolo carece de rango de ley. Esto provoca dudas jurídicas, por ejemplo, a la hora de determinar las posibles sanciones, como pasa también con el código de conducta y que puso en evidencia el caso del diputado Francesc de Dalmases, que fue multado con 600 euros por intimidar a una periodista de TV3. Además, la denuncia de Cristina Casol también ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de mantener la confidencialidad que requiere un protocolo de estas características, algo que también señalan los letrados.

En teoría, se trata de un proceso que debería garantizar el acompañamiento y el anonimato de la afectada. Por este motivo, es evaluado por una comisión de expertos externa al Parlament y solo comunica a la Mesa la conclusión de dicha investigación cuando se han podido probar los hechos y se precisa de una reparación para la afectada. En caso contrario, se debería archivar sin más. Sin embargo, en este caso, la conclusión de que no había hechos probados y que no se debían tomar medidas se acabó trasladando al órgano parlamentario y a la prensa por la derivada pública que había tomado el caso.

Junts busca cohesionar a su heterogéneo grupo en el Parlament tras los casos de Madaula y Casol

A la espera de Madaula

Actualmente, otra diputada de Junts, y en su caso miembro de la Mesa -ahora temporalmente de baja-, Aurora Madaula, también tiene abierta otra denuncia ante la Oficina de Igualdad del Parlament por el mismo motivo. Aunque aún no hay resolución para este caso, Junts considera -igual que pasó con Casol- que no se ha producido tal acoso y que las dos denuncias son uso interesado del feminismo para librar batalla interna. Se da la circunstancia de que tanto Casol como Madaula son del sector afín a la presidenta del partido, Laura Borràs, en permanente disputa con el secretario general del partido, Jordi Turull, que apoya la actual dirección del grupo parlamentario.

Tras su expulsión, este miércoles la diputada Cristina Casol se estrenará ya como diputada no adscrita y no se sentará en el pleno con sus ya excompañeros de Junts. Lo hará al otro lado del hemiciclo, junto al otro diputado no adscrito de la Cámara, Antonio Gallego, y muy cerca de la bancada de Ciutadans. Sin embargo, la expulsión de Casol tiene consecuencias no solo para ella. Al pasar de 32 a 31 diputados, Junts verá reducida en 21.000 euros su subvención parlamentaria y perderá una parte de la asignación que le corresponde para contratar personal.