La ley del Parlament para obligar a que haya un cajero en todos los municipios echa a andar en el Congreso

El Congreso de los Diputados aceptará a trámite este martes una proposición de ley impulsada por el Parlament para acabar con la "exclusión financiera". La norma, que tiene el voto favorable de todas las formaciones a excepción de Vox, busca establecer la obligación de que todos los municipios tengan, al menos, un cajero automático para que sus ciudadanos puedan sacar dinero en efectivo. Además, también quiere garantizar la presencia de estos cajeros en aquellos barrios con un mínimo de 5.000 habitantes y que carecen de servicios bancarios.

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El diputado de ERC en el Parlament y uno de los encargados en defender esta proposición de ley, Jordi Orobitg, ha denunciado que los más afectados por la retirada de oficinas bancarias y cajeros están siendo "los pueblos más pequeños y los barrios más pobres". Así, ha señalado que esta iniciativa, que fue impulsada por el exconseller de Economia Jaume Giró y después por ERC, es "loable" y busca proteger a los "colectivos más vulnerables".

"No estamos pidiendo una medida revolucionaria ni una medida conservadora, pedimos una medida asumible, viable, realista", ha reiterado el diputado por Junts en el Parlament Jordi Munell. La propuesta, que fue aprobada por el Parlament en junio de 2022 con el único voto en contra de Vox, plantea que los municipios y los barrios de más de 5.000 habitantes que no tengan servicios bancarios deban disponer "como mínimo" de un cajero automático. La instalación de estos correrá a cargo de las entidades bancarias, deberán funcionar las 24 horas y permitir la retirada e ingreso de efectivo, el pago de recibos o la realización de transferencias, entre otras cosas.

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El acuerdo previo

La proposición de ley, cuya tramitación se augura larga, llega más de un año después de que el Gobierno acordará con los responsables de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) un plan para que los ciudadanos de los municipios desatendidos pudieran sacar dinero en efectivo. El compromiso que se alcanzó, que no es vinculante, pasa porque las entidades bancarias aporten una oficina, cajero, oficina móvil o agente financiero en aquellos municipios con más de 500 habitantes. De los 243 municipios con estas características que había entonces se ha pasado a 85 según los datos de septiembre de 2023.

En aquel acuerdo, también se recogió que los bancos garantizarían el acceso al efectivo en los municipios de menos de 500 habitantes a través de los carteros rurales de Correos, o a través de soluciones como la retirada de efectivo en tiendas y comercios. Según la norma, si llega a aprobarse, todos estos municipios o entidades más pequeñas deberán disponer de un cajero automático.

La diputada del PSOE Alicia Álvarez González ha citado este acuerdo para explicar que lo que la proposición de ley "en parte ha sido superada". No obstante, los socialistas han aceptado que la norma sea admitida a trámite porque "tiene amplio margen de mejora" y resulta "parcial y quizá poco ambiciosa". Fuentes socialistas reconocen que ha habido reticencias por parte del Ministerio de Economía a aceptar esta ley, dado el intenso trabajo que han realizado ya con las entidades bancarias, pero han acabado cediendo.

El 'sí' del PP

Hasta el PP ha aceptado a trámite la norma. El diputado conservador Santiago Rodríguez Serra ha reivindicado la necesidad de debatir el texto y poder mejorarlo durante la tramitación, pero ha coincidido en la necesidad de que toda la población tenga acceso a los servicios bancarios. No obstante, ha criticado que las formaciones independentistas no han trabajado en sus territorios para mejorar la situación de estos municipios. Lo mismo ha dicho del Gobierno. Aun así, fuera del consenso se ha quedado Vox.