El PP plantea disolver partidos políticos que promuevan referéndums de independencia ilegales

El PP registró este miércoles en el Congreso un texto alternativo a la ley de amnistía impulsada por Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios. En esa enmienda a la totalidad de la norma, los populares plantean una reforma del Código Penal que incluye tres medidas principales: la disolución de los partidos políticos que promuevan un referéndum ilegal de independencia; penas de prisión de cinco a 10 años para la autoridad que promueva el incumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales o declare la independencia, y penas de cárcel de uno a cinco años para quien convoque o realice actos para realizar una consulta ilegal. Son, para el PP, delitos de "deslealtad constitucional".

Los conservadores proponen llenar de "contenido" los artículos, del 544 al 547, que dejó vacíos la derogación del delito de sedición, que Sánchez impulsó en noviembre de 2022 para asegurarse el apoyo de ERC a los Presupuestos del año siguiente. En la exposición de motivos, el PP afirma que la amnistía es una "imposición de una minoría de políticos que delinquen a la inmensa mayoría de ciudadanos que están sujetos a la Constitución y la ley" y añade que los independentistas presionan a Sánchez para "alcanzar la impunidad por los hechos pasados y para asegurarse la impunidad en el futuro".

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Los nuevos artículos redactados por los conservadores supondrían, en su opinión, el "fortalecimiento" del Estado de Derecho para "corregir la regresión" de las decisiones del PSOE y sus socios. El PP también destaca que el propio Sánchez y el resto de miembros de sus gobiernos estos años rechazaban la amnistía y que la "súbita mutación en constitucional" se debe solo a la necesidad de los siete votos de Junts para sacar la investidura adelante.

Sin opciones de éxito

El PP no tiene apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para que esta enmienda a la totalidad salga adelante y logre tumbar la ley de amnistía. Tampoco lo conseguirá Vox, que también registró este miércoles otro texto alternativo. La formación de ultraderecha propone crear otro delito que castiga por “negociar con personas condenadas o procesadas judicialmente”.

"Sánchez les ha dejado las manos libres [a los independentistas] para volver a hacerlo si es lo que quieren. Y los independentistas dicen que es lo que quieren (...) Bloquear la amnistía es uno de nuestros mandatos fundamentales esta legislatura", dijo a la prensa Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso cuando dio algunos detalles someros de la enmienda.

Suspensión si se colabora

En el artículo del Código Penal en el que incluyen la disolución de la "persona jurídica" (como los partidos políticos) que convoque un referéndum ilegal, se apunta que se podrá evitar ese castigo si se realizan "antes de la apertura de juicio oral actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional". En ese caso se le impondría la pena de suspensión de actividades entre seis meses y cinco años o el pago de una multa diaria de seis a cinco años por el importe que decida el juez.

Esta medida habría supuesto la disolución de Junts o ERC en el 'procés' de 2017 y que el presidente de entonces, Mariano Rajoy (PP), no se llegó a plantear. La diferencia, apuntan fuentes de la dirección popular ahora, es que Sánchez ha "derogado el delito de sedición y ha reformado la malversación" para granjearse el respaldo de las formaciones independentistas catalanas y ha restado "escudo de protección" al Estado.

Se da la circunstancia de que, hace apenas seis semanas, el PP tumbó una moción de Vox en el Senado que pedía la ilegalización de los partidos independentistas "por sus constantes intentos de alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia". Los populares, en cambio, lo defienden cara al futuro, en el caso de que alguna de las formaciones soberanistas vuelva a convocar un referéndum ilegal y declare la independencia, como en 2017.

El debate sobre las enmiendas de totalidad del PP y Vox se celebrará el martes en el Congreso. Después de que esos dos intentos de frenar la amnistía fracasen, llegará el turno para presentar enmiendas parciales. El PSOE calcula que a finales de enero ya estará el texto listo para mandarlo al Senado. La aprobación final tendrá que esperar a abril.