Vox plantea en su enmienda a la amnistía penas de prisión por negociar con Puigdemont

La enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía presentada por Vox plantea penas de seis a diez años de prisión por negociar asuntos parlamentarios con condenados o prófugos de la justicia. Si los populares han aprovechado el texto de su enmienda para plantear la disolución de los partidos que convoquen un referéndum ilegal, Vox ha ido un paso más allá. Además de insistir en la ilegalización de los partidos independentistas, proponen actuar contra “quienes cooperaren, colaboraren, se reunieren o facilitaren actuaciones con el fin de negociar los asuntos tramitados en las Cortes Generales con quienes hubieren sido condenados por sentencia judicial o estuvieren procesados o sustraídos a la acción de la justicia, por alguno de los delitos sancionados en los títulos XXI, XXII o XXIII de este Libro II” del Código Penal. Esto es, delitos contra la Constitución o el orden público, como la sedición, atentados contra la autoridad o desórdenes públicos.

En los supuestos señalados por la formación de ultraderecha en el texto que han registrado este miércoles en el Congreso entrarían todos los condenados por el 'procés' y también los huidos de la Justicia como el expresident Carles Puigdemont o el eurodiputado Toni Comín.

El PP plantea disolver partidos políticos que promuevan referéndums de independencia ilegales

Antes de final de año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que mantendría "varias reuniones" tanto con Carles Puidemont como con Oriol Junqueras a lo largo de la legislatura. El líder socialista justificó que lo más importante es la “normalización política” que supone un encuentro con el expresident de la Generalitat. Su número tres en el partido y diputado en el Congreso, Santos Cerdán, ya se reunió con Puigdemont en Bélgica para negociar el acuerdo de investidura y a principios de diciembre volvió a hacerlo en Suiza, dentro de la mesa de seguimiento de dichos pactos.

Se incluyen también en la enmienda de Vox otras modificaciones para castigar con penas de multa de doce a veinticuatro meses “las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad”.

Como en el caso del PP también se ponen en el punto de mira a los referéndums ilegales con el fin de prohibirlos expresamente y castigar a sus impulsores. “En cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución”, se recoge, “será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo de entre tres y ocho años”.

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Ilegalización de partidos

El PP tumbó el pasado mes de noviembre una moción de Vox en el Senado para ilegalizar a los partidos independentistas, pero ahora defiende esta posibilidad de cara al futuro si las formaciones soberanistas catalanas vuelven a convocar una consulta de independencia. Según ha explicado este mediodía el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, "Sánchez les ha dejado las manos libres [a los independentistas] para volver a hacerlo si es lo que quieren. Y los independentistas dicen que es lo que quieren”.

En esta línea, Tellado ha justificado ante los medios de comunicación el cambio legal incluido en su enmienda a la totalidad “para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales, buscando perjudicar la unidad de nuestro país, y tipificando las declaraciones de independencia y los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos".