El Tribunal de Cuentas decidirá si suspende el procedimiento contra Puigdemont por la amnistía

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, encargada de juzgar la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del Govern, ha anunciado que se pronunciará por escrito sobre la petición de los nueve demandados de Esquerra, entre los que está el propio Oriol Junqueras, de suspender el procedimiento por la presentación de la ley de amnistía en el Congreso. Lo que no suspendió fue la vista de celebración de prueba prevista para este viernes, en la que estaba citado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como demandado, aunque no lo hará, al haberse rechazado que lo haga por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, afirmó que había esperado "hasta el último momento" a poder venir en persona por la amnistía.

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La vista comenzó con la petición de suspensión de ERC y con la ausencia de Puigdemont, respecto a la que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, dijo que era público y notorio por qué no había comparecido, ya que está declarado en rebeldía en la causa del 'procés' seguida en el Tribunal Supremo. Añadió que no se le podía multar por no haber comparecido, como prevé la ley de enjuiciamiento civil, porque no había sido apercibido de que podría sancionado en caso de incomparecencia.

Para defender la posibilidad de que declarara por videoconferencia, rechazada por la consejera por haber sido solicitado sin margen de actuación, Gonzalo Boye llegó a afirmar: "Puigdemont no ha sabido hasta el último momento que no podría venir, por si se aplicaba la ley", en referencia a la de la amnistía. Al término de la vista, añadió que el expresidente catalán siempre había asistido a los juzgados de España que le habían citado y que este viernes tenía agenda en su condición de eurodiputado.

Pese a lo dicho por su defensa, la supuesta venida a España de Puigdemont se presumía harto improbable teniendo en cuenta que la proposición de ley del perdón solo ha sido presentada en el Congreso, sin que ni siquiera haya sido admitida por la Mesa de la Cámara, como recordó una de las defensas, que pidió a la magistrada que su decisión sobre la suspensión del procedimiento, aunque pueda ser un edificio por economía procesal, haga que "en unos años todos estén orgullosos" de la decisión adoptada.

"Puigdemont no ha sabido hasta el último momento que no podría venir, por si se aplicaba la ley", dice su abogado

La acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana y la fiscalía se opusieron a la suspensión. Martín-Granizo recordó que la presentación de una proposición de ley no se encuentra entre las causas previstas para ello en la ley de enjuiciamiento civil. "La suspensión no puede condicionarse de un hecho futuro no digo incierto, pero cuya certeza no se puede afirmar" en este momento, aseveró el fiscal jefe.

Plazo para conclusiones

La consejera anunció que una vez que resuelva por escrito la petición de suspensión del procedimiento, dará en su caso un plazo a las acusaciones para presentar sus conclusiones. También debe aún resolver los recursos de reposición presentados contra su negativa a que Puigdemont declare por videoconferencia, pese a lo improbable que es ya que lo haga, sobre todo una vez que decidió seguir adelante con la vista de realización de pruebas.

La primera testigo en comparecer fue la que era interventora general del Estado en el otoño de 2017, María Luisa Lamela. La propusieron varios demandados, entre ellos Puigdemont, cuyo abogado se interesó por si el expresidente catalán firmaba los gastos de la Generalitat cuando los controló el Estado entonces. La testigo respondió que lo que hacía el Estado era pagar directamente a los acreedores de la Generalitat, según llegaban firmados los gastos por la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, pero que entre sus competencias no estaba analizar esos gastos ni habría tenido capacidad para hacerlo.

El abogado le preguntó si el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mentía al decir que ni un euro de Catalunya se destinaría al referéndum ilegal del 1-O. La pregunta fue declarada impertinente por la consejera, porque la testigo "no había ido a dar su opinión, sino a declarar sobre lo que supiera". También rechazó la pregunta relativa al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular fue Carmen Lamela, que admitió a trámite una de las querellas fiscales que dio origen a la causa del 'procés', luego remitida al Supremo. La testigo admitió que es su hermana y recordó que no tuvo intervención alguna en ese procedimiento.

También declararon en la vista el hombre de las cajas catalanas en el Diplocat y un profesor que firmó uno de los acuerdos con la Generalitat, incluido entre los gastos supuestamente indebidos en los que han podido incurrir los 35 encausados por los que Sociedad Civil Catalana reclama que devuelvan más de cinco millones de euros y la fiscalía, 3,1 millones.