El fiscal general responde a los fiscales del 'procés' que debe respetar la separación de poderes y no cuestionar la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha esperado al Consejo Fiscal que los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales le habían forzado a convocar para pronunciarse sobre la ley de amnistía. O más bien para no hacerlo. En una carta a los representantes del ministerio público en el juicio del 'procés' les recuerda la obligación de la fiscalía de "respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho", lo que veta cualquier pronunciamiento de la institución sobre la norma, cuya redacción, recuerda, aún no es definitiva, puesto que aún no ha sido promulgada.

Los fiscales conservadores fuerzan al Consejo Fiscal a pronunciarse sobre la amnistía

La carta, enviada a toda la carrera fiscal, responde a la que le habían remitido previamente los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno en la que le reclamaban amparo institucional a través de un posicionamiento del ministerio público, tras reunirse el Consejo Fiscal. Pretendían que el ministerio público se pronunciara en una línea similar a la del Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales cuando trascendió el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, en el que se daba carta de naturaleza al 'lawfare', como se conoce la persecución judicial contra opositores políticos, esgrimida, entre otros, por el expresidente estadounidense Donald Trump para eludir sus problemas con la justicia.

En su misiva, García Ortiz no menciona el 'lawfare' ni el acuerdo firmado entre PSOE y Junts y se remite en exclusiva al perdón generalizado anunciado para afirmar que "cualquier posicionamiento del ministerio público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que regula, una vez forme parte de nuestro ordenamiento, tras su publicación en el BOE".

El CGPJ y todas las asociaciones de jueces y de fiscales muestran su rechazo a la admisión del 'lawfare' y a la supervisión parlamentaria

"El posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en que se demanda nuestra intervención. En consecuencia, el fiscal general ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del ministerio fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados", afirma el escrito.

García Ortiz añade que "la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el ministerio fiscal" y "aumenta el valor añadido" de su cumplimiento, como establece la Constitución. La carta concluye declarando que el propio fiscal general "es la mejor garantía" del "quehacer diario" del ministerio público y "velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas".

El Supremo ve 'lawfare' en la ley de amnistía aunque no se mencione

Pese a que el texto registrado de la futura ley de amnistía no menciona el 'lawfare', el haber aparecido en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts unido a la celebración de comisiones parlamentarias de las que dice que pueden dar lugar a "acciones de responsabilidad" ha hecho que el mundo judicial y fiscal siga pronunciándose en defensa de la independencia judicial y la autonomía fiscal. Este miércoles, por ejemplo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional hizo suyo el comunicado emitido por el mismo órgano del Tribunal Supremo.

En su carta los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés señalaban que su intervención en kos procedimientos del 'procés' "se ha sujetado estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, conforme el principio de unidad de actuación, y con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General del Estado, por lo que el solo hecho de que se arroje sospechas sobre los fiscales de una actuación ilegal (...) solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general del Estado como cúspide de la carrera fiscal".