El Supremo, contra el acuerdo PSOE-Junts: es "incompatible" la independencia judicial con su "supervisión" por "otros poderes"

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha emitido un comunicado este lunes, tras finalizar su reunión ordinaria, en el que advierte de "la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones". Por eso, los magistrados ven "incompatible" con esta independencia "la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado". Aunque no lo especifica, el comunicado se refiere al 'lawfare' o supuesta judicialización de la política citada en el pacto del PSOE con Junts.

En este acuerdo entre las formaciones políticas lideradas por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que consta de cuatro páginas, ambos partidos especifican que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura serían tenidas en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Sin embargo, ni la exposición de motivos de la norma ni su articulado incluyen la expresión de `lawfare’ o judicialización de la política. Desde Ferraz explican que este concepto sobre la supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo dependerá de las conclusiones de dos comisiones de investigación en el Congreso pactadas con Junts y ERC. Estas comisiones no han sido constituidas, y en sus conclusiones contendrán recomendaciones legislativas en caso de analizar y detectar casos de uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.

Ajustado a la realidad

La nota del Supremo recuerda, no obstante, que el Estado de Derecho, "en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes". Además, la Sala de Gobierno afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional "se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

El texto del Alto Tribunal va en consonancia con el comunicado firmado por las principales asociaciones de jueces, en el que mostraron su "rechazo" por las referencias al 'lawfare' o judicialización de la política’ y sus consecuencias: "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, especificaron las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.