La UE vuelve a retrasar su decisión sobre la oficialidad del catalán

La nueva versión de la propuesta remitida por España sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea (UE) tampoco ha convencido al resto de gobiernos europeos. Por tercera vez desde septiembre, los ministros de asuntos de la UE han abordado la iniciativa española en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) y por tercera vez consecutiva la reunión se ha saldado sin decisión ante la falta de un análisis de impacto -ni legal ni financiero ni práctico- que la presidencia española de turno de la UE encargó en octubre a la Comisión Europea y no tiene fecha de entrega.

“Recibimos la propuesta el lunes por la noche en español. No hemos tenido tiempo de examinarla. Habrá una breve discusión en esta reunión y espero escuchar más de la presidencia española”, se limitaba a explicar a su llegada a la reunión el ministro de asuntos europeos finlandés, Anders Adlercreutz. Aunque en su tono no había crítica alguna hacia España, algunas delegaciones sí han afeado el envío a última hora del lunes, y únicamente en español, del documento revisado de la propuesta que ha hecho imposible a los socios europeos preparar esta discusión.

De hecho, en esta ocasión, según fuentes europeas, no ha habido debate y ha sido un punto de información “breve”. No ha tomado la palabra ningún representante de ningún Estado miembro salvo el secretario de estado para asuntos europeos español, Pascual Navarro, que se ha limitado a hacer un pequeño balance. Navarro, según han explicado las mismas fuentes, ha mencionado que se ha presentado una “propuesta revisada” y que a partir de ahora comenzarán las “discusiones técnicas” en el Consejo que podrían tener lugar a nivel de embajadores en el Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper) o de expertos en grupos de trabajo.

"Ha sido una información de la presidencia sobre el estado de los trabajos, la adaptación de una propuesta anterior y como están los trabajos de preparación de los informes que se han solicitado. La presidencia ha informado de los trabajos que vamos a impulsar en el Consejo. Las delegaciones se han mostrado satisfechas con la información y no ha habido preguntas al respecto", ha resumido el secretario de estado español en nombre de la presidencia española al término del encuentro.

Seis condiciones para un caso único

El texto, tal y como avanzó ayer EL PERIÓDICO, detalla las seis condiciones por las que la reforma no tendrá impacto en ningún otro Estado miembro, ni podrá utilizarse para lograr la oficialidad de otras lenguas regionales o minoritarias de otros socios europeos como algunos temen, y solo servirá para reconocer el catalán euskera y gallego como lenguas oficiales y de trabajo en la UE. Es decir, que son idiomas originarios de un Estado miembro, que están reconocidos en la Constitución, que son lenguas de uso en el Congreso y Senado, que han sido utilizadas desde hace más de diez años en las instituciones europeas gracias a acuerdos administrativos -con prácticamente todas las instituciones salvo el Parlamento Europeo-, que hay depositadas copias certificadas de las traducciones de los Tratados en dichas lenguas en el Consejo y, por último, y uno de los elementos con los que España espera hacer girar la balanza y frenar las resistencias de otras capitales, como es el compromiso a asumir todos los costes de su utilización.

España tampoco dispone todavía del estudio de impacto que debe coordinar la Comisión Europea entre el resto de instituciones europeas y que fue solicitado a finales de octubre. "El cálculo del coste es algo que debemos hacer con cuidado. No solo afecta a la Comisión sino que tenemos que consultar a otras instituciones que ofrecen servicios de interpretación y traducción así que estamos trabajando pero no puedo dar fechas precisas", ha explicado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Maros Sefcovic. “Es normal. Tardan algunos meses. Hablamos de un informe detallado que tiene que hacer análisis sobre muchos aspectos”, explicaba el lunes el ministro de exteriores, José Manuel Albares, que no ha participado en esta ocasión en el CAG para defender la propuesta española por participar en la sesión de investidura en Madrid. La elaboración de un estudio sobre el impacto financiero y administrativo de la propuesta es algo en lo que han insistido numerosas delegaciones -desde Países bajos o Alemania hasta Finlandia, Polonia y otros países del este- para despejar las dudas que suscita la propuesta que países como Letonia no consideran en estos momentos una prioridad.