La propuesta de España para lograr la oficialidad del catalán en la UE: un plan con seis condiciones

El Gobierno español en funciones ya ha remitido al resto de Estados miembros la nueva versión de la propuesta con la que aspira modificar el reglamento lingüístico de la Unión Europea para convencer a sus socios europeos de que el catalán, euskera y gallego merecen ser reconocidas como lenguas oficiales de la UE y que este reconocimiento solo afectará a estas tres lenguas. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, fue remitido por España a través de correo electrónico el pasado lunes por la noche al resto de países de la UE, inicialmente únicamente en español, por lo que no ha sido hasta este martes cuando el resto de las delegaciones han podido consultar el contenido en otro idioma.

La versión retocada, distribuida cuando faltaban apenas veinticuatro horas para el nuevo debate en el Consejo de Asuntos Generales, no incluye ningún tipo de análisis de impacto ni legal ni financiero ni práctico -España encargó a la Comisión Europea este trabajo hace un mes y todavía no está listo- y se limita a explicitar las seis condiciones por las que solo las tres lenguas cumplen los requisitos para ser consideradas oficiales. “No es algo que pueda ser considerado con seriedad por los ministros mañana”, apuntan fuentes diplomáticas de cara al balance de progresos incluido por la presidencia española de la UE en la agenda del Consejo.

El documento mantiene el mismo articulado que la iniciativa presentada en septiembre pasado. Es decir, suma a las veinticuatro lenguas oficiales de la UE mencionadas en el artículo 1 el catalán, euskera y gallego. Menciona que los textos que un Estado miembro o una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro envíe a las instituciones se redactarán, a elección del remitente, en una de las lenguas oficiales y que la respuesta se redactará en la misma lengua. También que los textos que las instituciones envíen a un Estado miembro o a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro se redactarán en la lengua de dicho Estado, que los reglamentos y demás textos de alcance general se redactarán en las lenguas oficiales y que el Diario oficial de la UE se publicará en las que tengan esa consideración de oficial.

Las seis condiciones

La novedad radica en el anexo que plantea incorporar el Gobierno para subrayar y acotar la iniciativa. "El catalán, el euskera y el gallego son idiomas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Unión por cumplir los requisitos siguientes". En primer lugar, “ser originarias de un Estado miembro”. En segundo, “contar con reconocimiento constitucional en un Estado miembro”. En tercero, “ser lenguas de trabajo en el Parlamento nacional de un Estado miembro”, como es el caso del euskera, gallego y catalán desde este pasado octubre.

La cuarta condición que plantea el Gobierno en funciones es que hayan sido utilizadas “durante un plazo (de) más de 10 años en las instituciones de la unión sobre la base de acuerdos administrativos entre dichas instituciones y un Estado miembro”, como ocurre con el euskera, gallego y catalán en todas las instituciones europeas salvo con el Parlamento Europeo que no aceptó suscribir el pacto en su día con el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La quinta condición que sugiere España es haber “depositado en los archivos del Consejo una copia certificada de las traducciones de los Tratados a dichas lenguas de acuerdo con el artículo 55.2 del Tratado de la UE”, tal y como ocurre con las tres lenguas, y la sexta que “el Estado miembro que haya solicitado su reconocimiento como lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la Unión” se haya comprometido a "asumir todos los costes derivados de su utilización".

Suscríbete para seguir leyendo