Los letrados del Parlament ven viable regular el voto telemático si se acredita la excepcionalidad

La pantalla del Parlament que contabiliza el sentido del voto de los diputados y la verbalización de la presidenta de dicho resultado, nunca coincide. En la pantalla luminosa siempre hay una luz menos. Se trata del voto del diputado de Junts, Lluís Puig, que reside en Bélgica desde 2017. Tras varios toma y daca a lo largo de la legislatura, con fallos del TC contra el voto delegado incluidos, finalmente la Mesa aprobó el pasado mes de abril un nuevo sistema para esquivar la prohibición y aceptó que lo hiciera temáticamente. Se trata, sin embargo, de una opción que no está contemplada como tal en el reglamento del Parlament y que espera su regulación definitiva a través de la reforma actualmente en trámite. Los letrados de la Cámara ven posible regular la participación a distancia, pero solo en determinados casos.

ERC y la CUP impulsaron una propuesta en este sentido, que ya ha recibido las enmiendas de varios grupos de la Cámara y que está a la espera de que la presidenta del Parlament, Anna Erra, abra la ponencia. En el texto inicial, republicanos y anticapitalistas proponían ampliar los supuestos del voto delegado a "situaciones excepcionales de especial gravedad" que se consideraran "suficientemente justificadas" por la Mesa. También planteaban introducir el voto telemático en los mismos supuestos. En el trámite de enmiendas, Junts ha querido ir más allá y permitir no solo el voto telemático, sino también la "intervención" de los diputados que se encuentren en "cualquier circunstancia que no permita la presencialidad".

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Sin embargo, un informe previo de los letrados, elaborado a finales de agosto -antes incluso de la recepción de las enmiendas- y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, avisa de que hay que clarificar cuáles son las "situaciones excepcionales" y evitar términos "muy amplios y genéricos" porque, de otro modo, la reforma corre el riesgo de ser considerada inconstitucional. Así, ofrecieron un redactado alternativo -que no aceptaron ERC ni la CUP- y consideraron que se debe garantizar el "principio de proporcionalidad" argumentando, acreditando y delimitando los supuestos.

¿Y la participación telemática?

El informe también avisa de otro posible resquicio: el hecho de que se permita el voto telemático, pero no la participación a través de videoconferencia. Los letrados consideran que un parlamentario debería poder escuchar y participar en el debate antes de decidir su voto, por lo que abrieron la puerta a regular la posibilidad de participar de los debates a distancia. A pesar de que los grupos mayoritariamente llevan el voto decidido de casa, la opinión de los letrados es que los debates son una condición necesaria para los diputados se conformen una opinión y voten acorde a ella.

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A pesar de dicha advertencia, ERC y la CUP no han alternado su propuesta inicial. Lo que sí han introducido es la apreciación que hacen los juristas sobre introducir los plenos telemáticos en casos de "fuerza mayor" que no permitan "la asistencia presencial del conjunto de los diputados" -como por ejemplo la crisis del covid-, siempre que así lo acuerde por mayoría absoluta la Mesa y lo ratifiquen dos tercios de la Cámara.

Limitar los "discursos de odio"

Por otro lado, los letrados enmiendan la otra pata de la reforma propuesta por ERC y la CUP: la prohibición de los discursos de odio para cercar a la extrema derecha de Vox. Los juristas ven "legítimo" y "justificable" cierta restricción del lenguaje que "incita a la violencia" o que "hace apología del terrorismo e incita al odio", amparándose en la jurisprudencia del TEDH. Sin embargo, piden una "interpretación restrictiva" y que se "reserve para supuestos especialmente graves", sobre todo si su uso conlleva sanciones como la retirada de la palabra o la expulsión de la sesión. Además, avisan de que no se puede usar en "perjuicio de las minorías" y ven peligroso que la vara de medir recaiga exclusivamente sobre la presidenta del Parlament, por lo que piden que las normas estén claras y que no haya arbitrariedad.

Los grupos impulsores de la reforma, que reconocer abiertamente que quieren limitar el discurso de ultra en el Parlament, tampoco han cambiado un ápice de su propuesta inicial en este campo. Consideran que su propuesta va acorde con la jurisprudencia de los tribunales internaciones y creen que los letrados se contradicen con el informe que hicieron en enero, antes de que su propuesta fuera presentada, que veía más limitable el discurso siempre que se detectara una vulneración de los derechos humanos.

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