El voto de Lluís Puig, de nuevo en el aire tras el fallo contrario del TC

El voto del diputado de Junts Lluís Puig vuelve a estar en juego. La Mesa del Parlament se ha reunido esta mañana con un nuevo fallo del Tribunal Constitucional, que vuelve a anular la delegación del parlamentario que reside en Bélgica desde 2017. El TC ya anuló la decisión de la Mesa de aceptar su delegación en junio del año pasado, pero unos días después la mayoría independentista del Parlament decidió mantener su voto. Fue entonces cuando el PSC recurrió esta resolución de nuevo al Constitucional, que finalmente les ha dado la razón. Los magistrados consideran que en su caso no se dan las circunstancias para aceptarlo.

Según fuentes de la Mesa, en la reunión de este martes no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Pero la tensión parlamentaria podría crecer exponencialmente la semana que viene, si Junts vuelve a pedir la delegación de voto de su diputado. De momento, los posconvergentes no han avanzado sus intenciones. La sentencia deja sin efecto la decisión de la Mesa de aceptar el voto del diputado de Junts, por lo que en el pleno de la semana que viene -en principio- no podría participar, aunque no lanza ninguna advertencia contra la institución en caso de que vuelva a aceptarlo.

Sin embargo, el PSC avisa a la Mesa de que no debería volver a contabilizar el voto del diputado Puig. La portavoz de los socialistas, Alicia Romero, ha acusado a la mayoría independentista del Parlament de no cumplir el reglamento y de estar "desprestigiando" la institución. En este sentido, ha avisado que valoraran las acciones que pueden emprender si la Mesa acepta una nueva delegación de voto.

Reforma del reglamento del Parlament

Ante toda esta situación, ERC quiere buscar una fórmula para regularizar la situación de Puig y, por este motivo, impulsa una reforma del reglamento conjuntamente con la CUP -avanzada el pasado viernes por EL PERIÓDICO- que permita introducir el voto telemático y ampliar los supuestos del delgado. En este punto, plantean que pueda darse ante situaciones de "especial gravedad", con previa autorización de la Mesa que deberá evaluar si está "suficientemente justificado". Según el actual reglamento de la Cámara, se puede pedir el voto delegado solo en caso de "hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada" y no se permite en ningún supuesto la modalidad telemática.

Fuentes de los republicanos aseguran que la reforma no es específica para el caso de Lluís Puig, pero afirman que "todo ayuda". Defienden que no son partidarios de modificaciones "ad hominem", pero creen que el Parlament debe "actualizar y modernizar" las votaciones en la cámara y que, además, la reforma puede ser útil para "garantizar los derechos de voto" del diputado de Junts.

Aún no están claros los apoyos, pero lo que sí es seguro es que la reforma no llegará a tiempo

A pesar de esto, aún no está claro que la propuesta pueda salir adelante, porque se necesita el apoyo del PSC o de Junts. Pero sea como sea, la reforma no llegará a tiempo para el debate que previsiblemente se abrirá la semana que viene. La proposición de ley no se debatirá hasta el pleno del 2 de mayo y no se hará por lectura única, porque no ha habido acuerdo en la reunión de la junta de portavoces de este martes. Junts ha votado en contra, por asombro de ERC y la CUP. Finalmente se hará por urgencia extraordinaria, que acorta los tiempos parlamentarios, pero deja margen para enmiendas.

Los republicanos aseguran que ven una "actitud favorable" de los posconvergentes en las reuniones internas, aunque de momento no se han pronunciado públicamente. Los socialistas, en cambio, son críticos con el texto, porqué ven discrecionalidad de la Mesa en los nuevos supuestos de delegación de voto. A pesar de ello, el hecho de que la tramitación de la iniciativa -que se fragua desde noviembre- coincida temporalmente con la del PSC para cesar a Laura Borràs, abre la puerta a la negociación entre los dos grupos.

Prohibir los discursos de odio

La reforma del reglamento propuesta por republicanos y 'cupaires' también busca prohibir más explícitamente los "discursos de odio" en la Cámara para combatir ciertos posicionamientos de Vox y que puedan ser sancionables. Una propuesta que ha indignado al portavoz de la extrema derecha, Joan Garriga, que acusa a los independentistas de querer que solo se hable "de lo que ellos quieren" y de pensarse que "esta cámara es suya y de nadie más". Además, ha achacado al "pacto antiVox" del inicio de la legislatura de "la violencia" que asegura que sufren sus afiliados en las carpas informativas.

También Ciutadans y el PP se han posicionado en contra de la iniciativa. El portavoz de los naranjas, Nacho Martín Blanco, ha asegurado que es un "mal síntoma" que los independentistas valoren "que es tolerable en términos democráticos". También Lorena Roldán, del PP, les ha acusado de querer imponer el "silencio a los discrepantes".