La Asociación de Fiscales pide a la UE que si se amnistía el 'procés' actúe con España como con Polonia y Hungría

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha enviado una carta a los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders en la que pide que, si finalmente se aprueba una amnistía al 'procés', la UE intervenga para "garantizar el cumplimiento de los estándares europeos" en España, apuntando incluso al procedimiento sancionador que se ha activado con Hungría y Polonia.

La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press y que fuentes comunitarias confirman que se ha recibido en Bruselas, expone que, "de concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España. "Lo que exigiría, a nuestro juicio, la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia", dice la AF.

Y ello, señala, "sin descartar lo dispuesto en el artículo 7, en relación con el artículo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE)", que contempla la posibilidad de que "se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto", si se constata "un riesgo claro de violación grave" de los principios y valores comunitarios.

La AF también solicita que, en ese escenario, "se pondere la aplicación del Reglamento (UE) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo, relativo a la protección del presupuesto de la UE en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho de los estados miembros".

No obstante, como punto de partida, la AF urge a los comisarios europeos a instar a España a que "se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea".