El Gobierno acelera en Telefónica y ya supera el 8,5% tras gastar más de 1.900 millones

El Gobierno se pone en velocidad de crucero en su desembarco en el accionariado de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, continúa con la compra de acciones de la teleco y ya confirmado que ya controla más de un 8,5% de las acciones de la compañía, tras invertir más de 1.900 millones de euros, en el marco de la estrategia del Ejecutivo de blindar la españolidad y la autonomía del grupo de telecomunicaciones y contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el accionariado del grupo español.

SEPI ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor español, haber superado el umbral del 8% aunque la regulación española no le obligaba a transmitirlo, pero lo ha hecho de manera voluntaria para evitar una “asimetría en la información” porque ya había trasladado esta información a la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos.

El holding estatal ha informado la SEC norteamericana que cuenta ya con más 484 millones de acciones -representativas en concreto de un 8,538% del capital- por las que ha pagado un precio medio de 4,0113 euros por acción, lo que implica un desembolso total hasta ahora de 1.942 millones de euros. La escalada en bolsa de Telefónica está encareciendo rápidamente la operación del Gobierno, que ya supera por primera vez el precio medio de los 4 euros por acción.

La reducción de capital, mediante amortización de acciones, realizada por Telefónica para mejorar la retribución de sus accionistas también ha facilitado ligeramente acelerar la escalada del Gobierno y confirmarse como principal accionista de la operadora. La compañía ha recortado el número de acciones totales, así que los accionistas elevan automáticamente el porcentaje de sus participaciones. 

El Ministerio de Hacienda de momento sólo ha reconocido oficialmente haber realizado una inyección presupuestaria de 1.000 millones de euros a SEPI para ejecutar las compras de acciones de Telefónica. Pero en el mercado se da por hecho que las transferencias de las cuentas públicas hacia el holding estatal continuarán hasta completar su objetivo de alcanzar el 10% en el capital de la compañía. 

Desembarco en el consejo

El Gobierno ya ha entrado en el consejo de administración de Telefónica. El consejo de la teleco aprobó la pasada semana el nombramiento como consejero en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de Carlos Ocaña Orbis, un economista cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ayudó en la elaboración de su tesis doctoral, y que también ocupó altos cargos en los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Para dar entrada al economista como representante en el consejo de la estatal SEPI y no tener que alterar el número de consejeros, fijado en un máximo de 15, uno de los consejeros independientes dejó su puesto. La consejera independiente que abandonó el cargo Carmen García de Andrés, que también será sustituida por Ocaña como vocal de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control del consejo de Telefónica.

Con la remodelación exprés que se prepara, el consejo de Telefónica pasará de 10 a 9 consejeros independientes, y tendrá también dos consejeros ejecutivos (el presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado, Ángel Vilá), tres consejeros dominicales (en representación de Criteria, BBVA y ahora también SEPI) y un consejero externo (en la figura de Javier de Paz, hombre de confianza del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero).

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de calado y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total. Fue la respuesta del Gobierno a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo con un 9,9%, anunciada el pasado septiembre.