España se abre a asumir el coste de la oficialidad del catalán en la UE

La propuesta del Gobierno español de modificar el reglamento 1/58, que fija el régimen lingüístico de la Unión Europea, para incluir entre las lenguas oficiales el catalán, euskera y gallego, afronta este martes 19 de septiembre su primera prueba de fuego en el Consejo de Asuntos Generales (CAG en sus siglas en inglés) y lo hace muy cuesta arriba y sin posibilidades de éxito pese a la confianza del Gobieron de Pedro Sánchez. Basta que un Estado miembro muestre sus dudas para frenar la iniciativa -la modificación del reglamento exige un acuerdo por unanimidad- y son muchas las delegaciones que este viernes han expresado sus reticencias durante la reunión preparatoria celebrada por el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) que reúne a los embajadores de los Veintisiete. Ante la falta de apetito del resto de socios, que han expresado sus dudas legales, políticas, administrativas y financieras, el Gobierno español se ha ofrecido a asumir el coste de su propuesta.

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Durante la reunión, según han explicado diversas fuentes consultadas, han tomado la palabra una quincena de embajadores para expresar su opinión sobre la controvertida propuesta que se discutirá al más alto nivel político este martes. España, según han explicado fuentes europeas, ha explicado el contexto de la iniciativa, la existencia de acuerdos administrativos con distintas instituciones europeas para traducir las comunicaciones con los ciudadanos, la continuidad que supondría al respecto y ha apuntado que el Gobierno español estaría dispuesto a asumir el coste.

La respuesta que ha recibido de las delegaciones ha sido muy similar: apoyo al multilingüismo y a que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones de la UE en sus propias lenguas. “Entienden las preocupaciones de España y están dispuestos a trabajar constructivamente”, explican fuentes de la UE. Esta comprensión, sin embargo, no significa apoyo a la iniciativa. Aunque según diversas fuentes España no ha recibido “un no rotundo” a la modificación del reglamento sus socios no están dispuestos a tomar ninguna decisión este martes. "Esto es solo el inicio del debate no el final”, apuntan fuentes diplomáticas.

Análisis juridico y financiero

Antes de plantearse esa posibilidad es necesario un análisis jurídico, presupuestario y administrativo y trabajar la propuesta en los grupos de trabajo del Consejo. "Hay muchas preguntas sin respuesta respecto a las implicaciones políticas, legales, financieras y administraciones. Hay que aclarar esto para poder tomar una decisión", han explicado fuentes al tanto de las conversaciones. Algunos países también han mencionado durante la reunión el impacto que tendría la oficialidad del catalán, euskera y gallego en otros países con lenguas minoritarias o que están en una situación similar, como puede ser Francia.

Entre los países que han tomado la palabra este viernes están, por ejemplo, Francia y Alemania que han sido de los primeros en hablar. Ambos se han mostrado dispuestos a trabajar con la presidencia de la UE, que ocupa este semestre España, para “entender plenamente la petición y sus implicaciones”, pero como muchos otros consideran que exige antes más trabajo y reflexión. También han intervenido países del este como Polonia, uno de los que más dudas ha expresado respecto a la modificación del reglamento, así como países del norte de Europa.

Precisamente, uno de los primeros en mostrar sus dudas públicamente fue este miércoles Suecia, un Estado miembro con un idioma con estatus oficial en la UE -el sueco- y media docena de lenguas minoritarias reconocidas como son el yidis, el romaní, el meänkieli (finlandés de Tornedal), el Sami o el finlandés. “El Gobierno se muestra reacio a revisar el Reglamento nº 1 para convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la UE. El Gobierno cree que para poder adoptar una posición definitiva es necesario un análisis de las consecuencias de la propuesta sobre la eficacia del trabajo de la UE, así como sobre los efectos presupuestarios y prácticos”, señaló Estocolmo en una nota preparatoria para la reunión ministerial europea. 

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A Suecia se le ha sumado este viernes Finlandia. El Gobierno que lidera el conservador Petteri Orpo también ha expresado públicamente sus dudas. Considera que, aunque hay que fomentar la diversidad cultural, ampliar el listado de lenguas oficiales podría ralentizar la toma de decisiones y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas. Su postura es secundada por distintas razones por media docena delegaciones, grandes y pequeñas, consultadas por EL PERIÓDICO. Otras, de momento, o no han definido su postura o prefieren no compartirla como Hungría.

“Necesitamos tener una mejor idea de las posibles consecuencias si reconocemos estas tres lenguas y lo más importante son las posibles consecuencias financieras. Para la UE, especialmente para los estados miembros a nivel individual, y también para otras lenguas minoritarias en la UE”, explican fuentes de otro de los países más reacios a abrir esta caja de Pandora. Y es que “si el euskera, por ejemplo, es reconocido como lengua, esto también tiene un impacto en la comunidad vasca en Francia y eso, a su vez, podría dar lugar a peticiones, por ejemplo, para que el corso o el bretón también sean reconocidos como lengua de la UE”, apuntan las mismas fuentes.

Plazos ambiciosos

El sentimiento entre muchos gobiernos es que una decisión como la que plantea España requiere de un “proceso cuidadoso”, no debe tomarse “sin pensar”, ni tampoco sin valorar de antemano sus consecuencias. “Entendemos el razonamiento, por supuesto, pero no es una decisión que se pueda tomar a la ligera”, incidía esta semana un segundo diplomático. Por eso, son muchos los que consideran que el ministro de exteriores José Manuel Albares, que es quien acudirá este martes en persona a presentar y defender la iniciativa para subrayar la importancia que le da el gobierno -aunque habitualmente es el secretario de estado para asuntos europeos, Pascual Navarro, quien representa a España en este foro-, ha planteado unos plazos excesivamente “ambiciosos”, que no casan con los tiempos que habitualmente se manejan en la toma de decisiones en la UE. “Es un poco inusual que haya llegado tan rapido al Consejo”, reconoce un tercer diplomático. 

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Primera discusión

Fue el pasado 17 de agosto cuando España remitió una solicitud oficial a la Secretaria General del Consejo y a la presidencia de la UE, que este semestre ocupa precisamente España, para iniciar el procedimiento de modificación del reglamento que regula el régimen lingüístico, “con el fin de incluir las lenguas españolas que gozan de estatus oficial en España y reconocidas en tanto que lenguas cooficiales por el artículo 55.2 del Tratado de la UE”. “Se agradecería el inicio de los procedimiento de modificación (…) así como la inclusión del asunto en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de 19 de septiembre de 2023”, señala la carta firmada por Albares.

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Dicho y hecho. El orden del día fijado incluye no solo una presentación de la propuesta de modificación del régimen lingüístico de la Comujnidad Económica Europea sino un debate y la eventual adopción. Una urgencia poco habitual en una institución en la que las discusiones se preparan y trabajan previamente por los embajadores permanentes de la UE (Coreper). Algo que han hecho este viernes 15 de septiembre. “No se ha discutido en ninguna parte, por lo que incluirlo en la agenda para su adopción es bastante inusual. Parece un poco de teatro por parte de la presidencia española para que le digan a Junts que han hecho lo mejor que han podido pero que no es posible”, explicaba un diplomático en vísperas de la reunión de embajadores preparatoria que se celebra. “Es demasiado vago todo como para decir sí o no sin un estudio de impacto”, añade un tercer diplomático de un país algo más receptivo a la idea española. 

España no ha desvelado por el momento si ha hecho cuentas ni si tiene un análisis del posible coste de incluir otras tres lenguas oficiales. El régimen reconoce actualmente 24 idiomas oficiales -alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco- que se han ido incorporando a media que se han ido sumando nuevos Estados miembros, con la única excepción del irlandés que logró su estatus oficial en 2007, muchos años después de la adhesión de Irlanda a la UE, pero que no logró la plena oficialidad hasta el año pasado debido al limitado número de intérpretes y traductores.

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