¿Qué va a pasar con Carles Puigdemont? La justicia europea decide el futuro del 'expresident'

La justicia europea se ha hecho esperar. El entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contaba con tener una respuesta sobre si el Parlamento Europeo concedió correctamente el suplicatorio cursado en su contra por el juez Pablo Llarena para marzo, pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) finalmente dará a conocer su dictamen este miércoles. Con él en la mano, tanto el instructor del 'procés' en el Supremo como el 'expresident' podrán decidir su siguiente paso a seguir: el primero, en relación a si cursa o no una nueva euroorden para tratar de lograr su entrega a España, y el otro, para adelantar o atrasar su vuelta a Catalunya.

¿Qué decide el TGUE?

El Tribunal General de la Unión Europea dará a conocer este miércoles dos sentencias. Una se dirige contra la decisión del que era presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, ya fallecido, de tramitar el suplicatorio cursado por Llarena contra los eurodiputados procesados por el Tribunal Supremo por su responsabilidad en el 'procés'. La otra es la verdaderamente importante, porque revisará la propia autorización de la Cámara para poder investigar judicialmente a sus miembros y con ella se determinará el alcance de la inmunidad parlamentaria de la que gozan el expresidente catalán, pero también el 'exconseller' que le acompañó en la huida, Toni Comín, y Clara Ponsatí, aunque ella solo está procesada de desobediencia, por lo que en ningún caso se arriesga a ingresar en prisión preventiva, como se comprobó cuando viajó en marzo a Catalunya. El 'exconseller' de Cultura Lluís Puig es el único en rebeldía que no es eurodiputado, por lo que estos fallos no le afectan.

¿Por qué son tan imporantes estas sentencias?

De las dos sentencias que se conocerán este miércoles la que de verdad tiene trascendencia es la que permitirá saber si el juez Llarena debe cursar un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo para lograr su autorización de cara a volver a cursar una nueva euroorden con la que tratar de lograr la entrega de los prófugos. Según argumentó en las vistas que se celebraron en Luxemburgo el pasado mes de noviembre la defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, el actual suplicatorio solo es válido ante la reclamación de entrega que se dirigió a Bélgica y que quedó en suspenso cuando el juez Llarena adaptó el procesamiento del 'expresident' a la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

¿Puede librarle de un nuevo arresto?

Desde finales del año pasado desde el entorno de Puigdemont se ha transmitido la idea de que el 'expresident' tiene ganas de volver a España. El problema es que su procesamiento por malversación en su modalidad más grave, a diferencia de lo que ocurre con Ponsatí (solo procesada por desobediencia, lo que impide su encarcelamiento, aunque pueda ser detenida y conducida al juzgado para regularizar su situación), le puede suponer su arresto y su ingreso en prisión provisional a la espera de la celebración del juicio. Por eso confía en que el TGUE aclare el alcance de su inmunidad y lo extienda a España. Durante la vista de noviembre su defensa argumentó que esa prerrogativa también debía protegerle en Catalunya y no solo en sus desplazamientos por Europa, de los que disfruta después de que la justicia europea le devolviera cautelamente su inmunidad, tras haber sido arrestado en Cerdeña.

¿Son definitivas estas sentencias?

Las sentencias del Tribunal General de la UE se pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Si no son favorables a los intereses de Puigdemont, su defensa tiene previsto impugnarlas ante el tribunal superior, pero cuenta con que el Parlamento Europeo no lo haga en caso contrario. De ahí que si la sentencia respalda la inmunidad de la que goza como europarlamentario, Puigdemont adoptará una decisión definitiva sobre su vuelta a España, algo que se produciría en breve, si la justicia europea declara de alguna forma que también en Catalunya está protegido y el juez Llarena no puede ordenar su arresto con carácter nacional, posibilidad que por el contrario el magistrado siempre ha defendido, al entender que la prerrogativa europea no le afectaría en España, porque el procesamiento fue muy anterior a la adquisición del escaño.