¿Qué puede pasar con Puigdemont? ¿Quién gana y quién pierde con la sentencia sobre la euroorden?

¿Qué ha decidido el TJUE?

La cúspide de la justicia europea ha sentenciado que un país no puede denegar la entrega de un reclamado por otro Estado "basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que enjuiciará a esa persona" cuando sea entregado, que es justo lo que Bélgica alegó para rechazar la entrega a España del 'exconseller' de Cultura Lluís Puig: que el Supremo no era el tribunal competente para juzgarle y eso vulneraba sus derechos a un juicio justo y a un juez imparcial y predeterminado por la ley.

Ante esa decisión, el instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, con la mente puesta en su siguiente paso para tratar de que el 'expresident' Carles Puigdemont sea puesto a disposición de la justicia española, elevó una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE sobre euroórdenes. La respuesta se ha conocido este martes y da la razón al magistrado de forma contundente en ese punto, porque afirma que la justicia belga no puede reinterpretar la ley de enjuiciamiento criminal española para considerar que los responsables del 1-O no pueden ser juzgados por el Supremo, sino que tendrían que serlo por el Tribunal Superior de Justicia catalán, como dijo Bélgica respecto a Puig.

¿Significa que ya no se podrán denegar?

La sentencia, no obstante, no cierra la puerta de forma general a rechazar una entrega. El fallo añade que un país "deberá negarse a ejecutar una euroorden si comprueba que en el Estado miembro [requirente] hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello". En el caso del 'procés', Bélgica se centró en este segundo punto, sin sustentarlo en dato alguno. Ahora el TJUE pone ciertas condiciones para poder hacer esta declaración.

Requisitos para llegar a esa conclusión

Los tribunales de un país solo pueden denegar una entrega porque el tribunal que reclama no es el competente "si existe un riesgo real de vulneración de ese derecho fundamental debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor o a deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado".

También será posible si, "en su caso, de modo concreto y preciso, habida cuenta de la situación individual de esa persona, de la naturaleza de la infracción y del contexto fáctico, existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona correrá tal riesgo en caso de ser entregada a dicho Estado miembro". Para declarar que "esas deficiencias existen en el Estado miembro emisor y que la falta de competencia del órgano jurisdiccional es manifiesta", deberá siempre solicitar al país reclamante información complementaria al respecto.

¿Pueden ser los líderes del 'procés' ese grupo?

El expresidente catalán Carles Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, se mostraron muy optimistas respecto al alcance de la resolución, al entender que en el fondo ampara la decisión de la justicia belga de denegar la entrega de Puig. Además, hacen hincapié en que el fallo incluye los informes de los grupos de trabajo de Naciones Unidas como uno de los elementos de prueba de las vulneraciones de derechos.

Y coinciden con otras defensas consultadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en dar especial importancia a que el tribunal mencione a un "grupo objetivamente identificable", punto que introdujeron durante la vista del pasado 5 de abril los abogados Benet Salellas y Andreu Van den Eynde, en representación, respectivamente, de Anna Gabriel (entonces todavía huida) y de Marta Rovira.

No obstante, desde el Supremo se apunta a este diario que sería difícil de entender que "en un Estado de las autonomías como el español pueda admitirse que hay una minoría nacional subyugada", y menos la catalana. En cualquier caso entienden que, aunque se refiera al independentismo catalán, el TJUE impone la obligación de que se prueben las vulneraciones sufridas.

¿Se pueden cursar nuevas euroórdenes?

La sentencia no pone pegas a que puedan emitirse euroórdenes sucesivas contra una misma persona con el fin de obtener su entrega después de que se rechazase una primera reclamación, siempre y cuando ese nuevo intento de ponerlo a disposición del país que lo reclama no dé "lugar a una vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona y su emisión" sea "proporcionada".

Eso despeja el camino a que el juez Llarena pueda cursar otra euroorden contra Puig. Bélgica la podrá volver a denegar, pero tendrá que tener presente los argumentos dados a conocer por el TJUE, motivo por el que su defensa probablemente intentará acreditar que en España hay vulneraciones de derechos generalizadas. En el caso de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, antes de tomar cualquier decisión, el magistrado esperará a conocer el otro fallo de la justicia europea, el relativo a las inmunidades, que se espera para el mes de marzo.