La decisión de los tribunales europeos

Carles Puigdemont afronta su posible regreso a España tras una odisea judicial por Europa

El 'expresident' de la Generalitat espera con cierta ansiedad las resoluciones de la justicia europea para decidir su próximo paso

El 31 de enero se conocerá la decisión relativa a las euroórdenes y después se pronunciará el TGUE sobre las demandas por su inmunidad

El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont. / Julien Warnand

Ángeles Vázquez

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El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont decidió en noviembre de 2017 que se marchaba de España y no acudió a la citación de la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Cinco años después, todavía sigue sin poder regresar tras una odisea judicial por Europa. Según fuentes de su entorno, el exjefe del Govern está deseando volver, en cuanto vea que las circunstancias le son favorables, aunque ni siquiera sean definitivas ni las óptimas para sus intereses. Confía para hacerlo, como desde el primer momento, en la justicia europea.

Y no le ha ido mal. Al menos en los momentos más críticos que ha vivido en su particular odisea: los dos arrestos que ha sufrido desde su marcha al extranjero a consecuencia de las euroórdenes dictadas en su contra por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’.

La primera detención fue en Alemania, en marzo de 2018, en plena Semana Santa, cuando, confiado en la libertad de movimientos que disfrutaba en Bélgica, se desplazó en coche para participar en una conferencia en Finlandia. Pese a los días que pasó entre rejas, el episodio acabó con el primer revés serio que sufría la justicia española a consecuencia del delito de rebelión que imputaba entonces a los responsables del referéndum del 1-O.

Alemania solo se mostró dispuesta a entregarle por malversación de caudales públicos y Llarena rehusó aceptarlo en esas condiciones, ya que los que sí habían permanecido a disposición de la justicia española estaban acusados también de rebelión y Puigdemont era nada menos que el principal responsable de lo ocurrido. El Tribunal Supremo acabó condenando por sedición en concurso con malversación al resto de los dirigentes de la consulta, que son los delitos que se imputan al expresidente, al menos hasta que entre en vigor la reforma legislativa con la que se despidió 2022 y el alto tribunal determine cómo debe serle aplicada tanto a los huidos como a los que fueron sentenciados.

La segunda detención fue mucho más reciente. Se produjo en septiembre de 2021, en Cerdeña, y sirvió para que la justicia europea le devolviera cautelarmente la inmunidad de la que disfruta como europarlamentario, garantía que precisamente le había sido levantada a raíz de la concesión del suplicatorio tramitado por Llarena al Parlamento Europeo para poder actuar contra Puigdemont si se movía por Europa.

Inmunidad

Justo esa inmunidad fue la protagonista de las últimas vistas que se han celebrado ante el Tribunal General de la Unión Europea. A finales del pasado mes de noviembre, el tribunal con sede en Luxemburgo estudió las dos demandas presentadas por el propio Puigdemont contra la decisión de la Eurocámara de levantarle la inmunidad, al conceder el suplicatorio español. El argumento de la representación del 'expresident', ejercida por el abogado Gonzalo Boye, pasaba por que la Cámara no le había defendido suficientemente frente a la investigación del Tribunal Supremo.

Durante horas los jueces preguntaron sobre la inmunidad que le confiere un escaño que para las autoridades españolas no debería tener, puesto que no acudió en persona al Congreso a jurar o prometer la Constitución, ni siquiera a acatarla “por imperativo legal”, según la fórmula elegida por los diputados y senadores independentistas. Este extremo fue esgrimido por el representante del Parlamento Europeo durante las vistas para demostrar la generosidad con la que la Cámara había actuado con él y oponerse a sus demandas.

También se discutió el artículo del Reglamento Europeo por el que se concedió la autorización para investigarle, para determinar si afectaba a España o solo a los países europeos por los que transite, y si las euroórdenes podían formularse antes de la concesión del suplicatorio o si este era o no necesario, al haber adquirido la condición de eurodiputado después de haber sido procesado en España.

En esta línea se mantuvo la representación española, que insistió en que si Puigdemont regresa a España, la justicia podrá actuar contra él con independencia de la inmunidad que se levantara con el suplicatorio, porque no sería necesaria la tramitación de una euroorden para su arresto y, además, ser el procedimiento penal anterior a la adquisición del escaño.

Según fuentes del entorno del 'expresident', su vuelta a Catalunya dependerá de la decisión que adopte la justicia europea tanto en sus demandas como en relación a las cuestiones prejudiciales con las que Llarena preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes. Está previsto que esta sentencia se dé a conocer el próximo 31 de enero. La propuesta del Abogado General de la UE Jean Richard de la Tour era partidaria de rechazar que un país pueda denegar una entrega salvo en caso de vulneración sistémica de derechos, lo que en España no ocurre.

El Tribunal General resolverá las demandas contra el Parlamento Europeo previsiblemente en febrero. Si da la razón a Puigdemont, este tiene intención de volver a Catalunya, aún a riesgo de ser detenido. Si no, recurrirá las sentencias ante al TJUE, que actúa como una segunda instancia, cuyo fallo ya es definitivo. Su entorno confía en que la Eurocámara, en cambio, no recurra el fallo aunque le sea desfavorable.