El juez procesa por terrorismo al jubilado que mandó seis cartas con explosivos

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado por terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista a Pompeyo González Pascual, el jubilado de 74 años detenido en Burgos por el envío de seis cartas con explosivos, en noviembre del pasado año, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, la Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

En su auto, el magistrado atribuye el delito de terrorismo a Pompeyo González Pascual porque si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania, donde hubo un herido) y los destinatarios de sus acciones, “evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente el objetivo de alterar la paz pública".

Detenido un jubilado de 74 años en Burgos como presunto autor de las cartas bomba

Quería "transmitir el mensaje", señala el juez, de que eran "acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa" y "obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa”.

En su resolución, el magistrado detalla todos los indicios que sitúan al investigado como autor del envío de los explosivos, entre ellos la entrada y registro en su casa, donde se hallaron varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros del interior del pistón incendiario de los artefactos explosivos caseros enviados; tornillos junto con muelles similares al “percutor” que se utilizó en los artefactos incendiarios, y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración.

Su ADN

Otra de las pruebas, indica el auto, señala que en los vestigios de ADN encontrados en los artefactos hay un mismo perfil genético de un varón. Establecido un dispositivo de vigilancia sobre Pompeyo González Pascual, se recogió una bolsa de residuos que depositaba en un contenedor cercano a su domicilio. Laa Comisaría General de Policía Científica concluyó en un informe que "el ADN extraído de los vestigios abandonados por Pompeyo González Pascual coincide con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos explosivos”.

Además, precisa el juez, en los sobres de cartón dirigidos al Ministerio de la Presidencia, a la Embajada de EEUU y a Torrejón, que no explosionaron, se encontraron matasellados por el Centro de Tratamiento Automatizado de Valladolid, y se comprobó que fueron procesados allí. Efectuada la trazabilidad de los sobres en sentido inverso hasta los camiones de reparto, prosigue el auto, se constató que los envíos podrían haber partido de diferentes buzones de Burgos. Además, el análisis de los sellos estampados determinó que las dos únicas expendedurías donde se pudieron comprar eran dos estancos de dicha ciudad.

Otro de los indicios es que los sobres utilizados para los envíos conducen a una página web que comercializa su venta online (www.sobres.es), en la que compró Pompeyo González Pascual. El juez precisa que entre junio y julio de 2022 el procesado adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y bombillas incandescentes. Y que, entre octubre y noviembre, adquirió pegatinas adhesivas de 100 x 50 mm, bisagras de 25 x 23 mm, toda clase de tornillería, brocas de precisión, plantillas para dibujar los números y el abecedario, así como plantillas para dibujar números y letras del abecedario, etc. El juez reseña que estos productos adquiridos y los utilizados coinciden.

Terrorismo y fabricación de explosivos

Para el juez los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista, en su modalidad agravada al tener en cuenta que los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa con su nombre y primer apellido.

Calama recoge la doctrina del Constitucional y del Tribunal Supremo que considera acción como terrorista aunque no esté vinculada a una banda organizada cuando, por su naturaleza, tenga la entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública, es decir, la capacidad de crear en la población la situación de alarma o inseguridad.

Su finalidad, añade, se ve reafirmada por la persistencia en la ejecución de las acciones y el contenido de las páginas web consultadas por el procesado, entre las que se encontraban el portal de noticas ruso russiatoday.com; el autodenominado “periódico digital mundial sobre armas en español” www.armas.es, así como las páginas www.quimica.es y sputniknews.com.

El auto de procesamiento asegura que existen indicios racionales para entender que Pompeyo González Pascual adquirió clorato potásico, azufre y pólvora, para elaborar los artefactos explosivos que posteriormente remitió por correo postal con la finalidad de alterar gravemente la paz pública. Dentro de estos sobres introdujo postas de plomo a modo de metralla para aumentar la potencialidad lesiva. “Así, pues, tal conducta, prima facie, resulta incardinable en el tipo penal en cuestión”, concluye el magistrado.