El Gobierno invertirá 220 millones en ampliar la desalinizadora de la Tordera para luchar contra la sequía

El Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado este jueves un real decreto que incluye medidas, entre ayudas directas al campo y nuevas infraestructuras, por valor de 2.200 millones de euros para luchar contra la sequía. Entre las iniciativas recogidas en la norma se incluye la ampliación de la desalinizadora de la Tordera, en Blanes (La Selva), que costará 220 millones.

Catalunya, junto a Andalucía, es la autonomía más castigada por la escasez de agua durante los últimos tiempos, después del abril más seco en toda España desde 1961 (año en el que comenzaron los registros): solo llovió el 22% de los valores normales en ese mes. Ante una situación tan dramática, que puede hacer que muchos agricultores decidan no cultivar, algo que elevaría aún más los precios de los alimentos, el Gobierno, a solo un día del inicio de la campaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y entre acusaciones de “electoralismo” por parte del PP, ha decidido mover ficha.

La reserva hídrica española está ahora mismo al 48,9% de su capacidad total, uno de los niveles más bajos desde 1995, pero la situación puede ser mucho peor después del verano. De momento, el Gobierno garantiza el abastecimiento hasta septiembre y confía en los modelos predictivos que anticipan que lloverá en agosto. 

La solicitud de la Generalitat

La desalinizadora de la Tordera, lógicamente, no estará construida antes de que acabe este año. Las previsiones del Gobierno, según ha explicado tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es que pueda empezar a funcionar en 2026 o a más tardar en 2027. Se trata de una infraestructura que la Generalitat llevaba tiempo reclamando. La administración catalana podría haber hecho por sí misma la obra, pero Ribera ha optado por no lanzar ninguna crítica. 

“La Generalitat nos ha hecho una solicitud. Nos pide apoyo por el volumen de financiación que esta obra requiere. Aunque sean cuencas responsabilidad de la Generalitat, en estos momentos de tanta intensidad de sequía parece razonable responder a esta petición”, ha señalado. La vicepresidenta se reunirá en Madrid con la ‘consellera’ de Acció Climàtica, Teresa Jordà, el próximo 22 de mayo. La relación entre ambas, explican fuentes del ministerio, es “muy buena”. 

La de Tordera no será la única infraestructura de este tipo que incluye el decreto aprobado este jueves. También se declaran de interés general otras actuaciones en la costa mediterránea, con desalinizadoras en Málaga y Almería por un valor de 200 millones de euros, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno ha autorizado a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar nuevas plantas de este tipo, que estarán alimentadas por parques solares fotovoltaicos, una iniciativa que cuenta con una dotación económica de 600 millones. 

En el plano más inmediato, para ayudar a los regantes durante este complicado año, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua: será del 50% si el descenso de la dotación se sitúa entre el 40% y el 60%, y del 100% si supera el 60%. 

El real decreto, que en el plano laboral prohíbe los trabajos al aire libre cuando se declare alerta naranja o roja por calor extremo, también impulsa la reutilización de las aguas urbanas, con el objetivo de que en 2027 llegue a representar el 20% de los recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones. Es decir, el doble del porcentaje actual. 

Las ayudas al campo

El otro gran capítulo de la norma aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario tiene que ver con las ayudas directas al campo. Según ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas, aquí se incluyen, entre otras iniciativas, 355 millones de euros para los ganaderos y 276 millones para los agricultores, así como la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos y bonificaciones fiscales. Agroseguro,

a Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, calculó el miércoles que las indemnizaciones por los daños que ha causado la actual sequía ya suponen 300 millones de euros. Se trata, según el organismo, del "mayor siniestro en la historia del seguro agrario".

Mientras tanto, el socio minoritario del Gobierno de coalición se ha distanciado del decreto. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado la presuntamente escasa ambición de los socialistas, informa Miguel Ángel Rodríguez. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Belarra ha señalado que el Ejecutivo, del que forma parte, debería haber puesto en marcha "un verdadero escudo climático". 

Estas palabras llegan tras una semana de tiranteces por el anuncio de los avales del ICO para que los jóvenes puedan comprar una vivienda. Aun así, la ministra ha aplaudido algunas de las medidas, como la prohibición de trabajar en la calle durante las olas de calor. Pero Belarra ha defendido ir más allá e incluir medidas como que "las ciudades desarrollen redes de refugios climáticos".