El PSC impulsa una reforma exprés del reglamento del Parlament para cesar a Laura Borràs

El PSC mueve ficha para poder relevar a la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Salvador Illa ha anunciado que este mismo martes su grupo registrará una propuesta para reformar el reglamento de la institución con el objetivo de poder cesar a Borràs sin necesidad de que intervenga la Junta Electoral y a pesar de que no tiene sentencia firme, motivo por el que se niega dejar el escaño. Los socialistas reclaman colaboración al resto de grupos para que el cambio se apruebe este mismo mes de abril.

El planteamiento que hace el jefe de la oposición es el de hacer una reforma "sencilla" y de tipo quirúrgico centrada en determinar en qué casos y de qué manera se pueden cesar los miembros de la mesa del Parlament, incluido su presidente, además de los componentes de la mesa de cualquier comisión. "Nuestra responsabilidad es acabar con una interinidad que hace demasiado tiempo que dura", ha advertido Illa, que ha reclamado el apoyo de la mayoría de partidos para que esta iniciativa culmine con éxito en tiempo récord.

El movimiento del PSC se produce tras un fin de semana en la que las peticiones de dimisión de Borràs han subido de decibelios por parte de todos los partidos, salvo Junts. Este mismo domingo, tanto Illa como el alcaldable socialista en Barcelona, Jaume Collboni, preguntaron a Xavier Trias si siente "vergüenza" de ser el candidato de un partido con una presidenta "condenada por corrupción". También ERC ha acusado a los posconvergentes de "cambiar las siglas" per no "las formas" para limpiar su "corrupción".

A la espera de la concreción de la propuesta de reforma del PSC, la incógnita es si su aprobación aglutinará suficiente cuórum como para que sea viable aprobarla antes de finales de abril, con la duda, además, de si llegará antes la actuación de la Junta Electoral, a la que ya han recurrido Ciutadans, PP y Vox para que retire el escaño a Borràs de la misma forma que lo hizo con los casos del 'expresident' Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà. El artículo 24 del reglamento de la Cámara fija que los diputados solo pueden perder el acta en caso de sentencia firme.

Sin embargo, la injerencia del órgano electoral provocó que el 'cupaire', precisamente bajo la presidencia de Borràs, acabara fuera de la institución sin que tuviera en mano la condena definitiva. La mayoría de grupos dan por hecho que lo mismo pasará ahora con la presidenta de Junts. Aún así, lo que no prevé tampoco el reglamento es un calendario para escoger un relevo, circunstancia que puede alargar el bloqueo, más aún con los vetos cruzados entre partidos y el ambiente contaminado por la campaña electoral.

La presidencia del Parlament está en situación provisional desde julio del año pasado, cuando PSC, ERC y la CUP votaron a favor de la suspensión de Borràs en aplicación del artículo 25.4 al considerar que se la abría un juicio por delitos vinculados a la corrupción. Desde entonces, y ante la voluntad de la dirigente de Junts de no renunciar, ha sido Alba Vergés quien ha asumido el cargo de vicepresidenta con funciones de presidenta. El PSC llegó a plantear la posibilidad de invocar el artículo 180, el de la revocación de cargos, para poder substituir a Borràs. Pero las dudas jurídicas acabaron abortando el plan, motivo por el que su apuesta pasa ahora por abrir el melón de la reforma del reglamento.

En 'stand by' la retirada de las pensiones

No es la única iniciativa que los socialistas han planteado sobre el caso que afecta a Borràs. Fue también el partido de Illa quien hace tres semanas registró una proposición de ley para poner fin a las pensiones vitalicias y las asignaciones que ahora reciben los expresidentes del Parlament cuando se retiran. Se trata de una medida impulsada 'ad hoc' para evitar que Borràs pueda cobrar 120.000 euros -el 80% de su sueldo- durante los cuatro años posteriores al cargo y cortocircuitar también el pago tras la jubilación que podría recibir si se computan al menos dos años de mandato.

El debate se abrió entonces por parte de otros grupos, que reclamaron que se extendiera la medida a los expresidentes de la Generalitat y que se unificaran criterios también en el Congreso y el Senado. Está por ver si el próximo pleno, el del 19 de abril, abordará este asunto sobre el que entre bambalinas los grupos admiten que no se han producido avances.