El PSC se abre a eliminar también las pensiones vitalicias de los expresidentes de la Generalitat

Tras abrir el melón de eliminar tanto las asignaciones como las pensiones vitalicias de los expresidentes del Parlament, el PSC está dispuesto a abordar el debate para que la retirada de estas retribuciones afecte también a los expresidentes de la Generalitat. Así lo ha manifestado la portavoz de los socialistas en la institución, Alícia Romero, después de que grupos como ERC hayan reclamado que, si se quiere huir de un planteamiento "tramposo", se aplique el mismo criterio a todas las instancias, también al Congreso y el Senado. En lo que sí que hay sintonía entre los grupos es en la necesidad de acelerar reformas para que, si hay una sentencia condenatoria, Laura Borràs no pueda recibir ninguna prestación.

"Estamos abiertos a revisarlo y a ver cómo podemos ser más coherentes. Se podría, por ejemplo, condicionar a los años que se ha ostentado la presidencia", ha respondido la dirigente del PSC, que ha reconocido que si presentan esta modificación legal ahora y ceñida a los expresidentes de la Cámara es por la situación judicial de Borràs, líder de Junts y presidenta suspendida del Parlament. En el caso del Congreso y Senado, Romero no se ha mojado públicamente y, aunque se ha mostrado partidaria de poner fin a los "privilegios en todos sitios", ha dejado la actuación en esas instituciones en manos de los grupos que operan allí.

En caso de no hacer cambios en la Cámara catalana, Borràs tendría derecho, de entrada, a cobrar el 80% de su salario -más de 150.000 euros anuales- durante cuatro años. La cuestión es si la iniciativa del PSC llegaría a tiempo para impedirlo, cosa que implica también contar con una mayoría favorable que, en estos momentos, no está aún asegurada. En todo caso, la propuesta incluye que, antes de eliminarse por completo, haya un periodo transitorio en que se limite a seis meses y a un 20% del salario la cantidad a cobrar. El mismo tiempo de carencia plantean para los expresidentes -en estos momentos, tres- que perciben pensión vitalicia tras haberse jubilado, pero con un porcentaje del 10% del salario.

El grupo de Salvador Illa calcula que su propuesta de modificación por lectura única de la ley que regula estas prestaciones podría votarse en el pleno a finales de mayo o principios de junio a no ser que los grupos acordaran acelerar este cambio. Los Comuns se han abierto a agilizar el acuerdo entre todos los grupos que han movido ficha en este sentido. De hecho, ante la propuesta lanzada por el PSC, el grupo de Jéssica Albiach se han visto abocado a explicar la propuesta que ellos también estaban cocinando y que pasa por privar de asignaciones e indemnizaciones a los expresidentes tanto de la Generalitat como del Parlament que sean condenados por delitos vinculados a la corrupción.

Los socialistas sostienen que la iniciativa de los Comuns queda "superada" por la suya, ya que la de En Comú Podem supone que las prestaciones se mantengan si no hay condena mientras que la del grupo de Illa apuesta por la total eliminación en todos los supuestos. "Nosotros vamos más allá y queremos que los expresidentes, cuando dejen el cargo, no cobren ni un euro público", ha sentenciado Romero. A lo que el portavoz de los Comuns, David Cid, ha defendido que "son debates paralelos". "La suspensión de la asignación tiene que ser automática si hay condena por corrupción. Ya hemos vivido la vergüenza de tener una presidenta en un juicio oral por presunta corrupción, la vergüenza de que pueda ser condenada y no queremos pasar la vergüenza de que reciba una pensión vitalicia", ha defendido Cid.

Ciutadans, por su parte, redobla la apuesta y pide que se supriman las asignaciones y pensiones no solo a todos los expresidentes, sino también las prerrogativas económicas y de personal que corresponden al jefe de la oposición, cargo que en estos momentos está en manos de Salvador Illa. También la portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha mostrado abierta a hablar del tema, pero ha pedido un debate sosegado, sin "demagogia", y que sea "global". Es decir, que incluya también otras cámaras como el Congreso y el Senado.

Al otro lado, Junts ha exigido que cualquier reforma de este tipo se haga desde el "consenso" y que se eviten reformas "ad hoc" para perjudicar a Laura Borràs. "El PSC no parece que quiera mejorar las instituciones. Estamos al lado de propuestas para racionalizar, pero no de propuestas oportunistas que no se puedan trabajar desde el consenso", ha denunciado la portavoz de los posconvergentes Mònica Sales.

Más carpetas por resolver

En todo caso, tanto los Comuns como la CUP han recordado que la legislatura ha estado marcada por las licencias de edad de los funcionarios, que fueron eliminadas el año pasado, y los premios de jubilación, así como las indemnizaciones recibidas por exmiembros de la mesa presidida por Ernest Benach. Queda también pendiente la regularización de las dietas que cobran los diputados, situación bloqueada por el desacuerdo entre los grupos.