Los partidos acogen con recelos la propuesta del PSC de suprimir las pensiones a los expresidentes del Parlament

La propuesta del PSC de eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes del Parlament y de reducir y limitar a seis meses las retribución cuando se deja ese cargo ha activado una máxima que opera en todos los partidos: el 'sí, pero qué pasa con los tuyos'. Y es que, si bien ni ERC ni Junts, los dos únicos partidos con dirigentes con derecho a cobrar o que están ya cobrando esa prestación, se han opuesta de partida a la propuesta, sí que han manifestado recelos, sea porque justo se plantea cuando Laura Borràs, líder de Junts y presidenta suspendida de la institución está pendiente de sentencia, o sea porque los socialistas no hacen extensivo el planteamiento a otras instituciones.

La proposición registrada por el PSC en el Parlament plantea suprimir directamente la pensión que hasta ahora perciben los expresidentes Joan Rigol y Núria de Gispert, dirigentes de la extinta Unió, y Carme Forcadell, de ERC, los tres ya jubilados. La ley fija que tienen derecho a recibir de por vida el 60% de la retribución -de más de 150.000 euros- y la propuesta de los socialistas es que, una vez aprobada la modificación de la ley, cobren transitoriamente sólo el 10% durante seis meses antes de dejarla de cobrar del todo y que ya nadie más tenga derecho a ella. En concreto, Roger Torrent, Ernest Benach y Borràs se quedarían sin prestación cuando superen los 65 años. La propuesta incluye también rebajar del 80% al 20% el complemento salarial al que pueden optar los presidentes cuando dejen el cargo y que solo pueda ingresarse durante seis meses y no cuatro años, medida que podría tener impacto en Borràs cuando sea relevada al frente de la institución.

Sin embargo, este criterio para eliminar lo que el PSC ha definido como "privilegios", no lo hacen extensivo a las pensiones de los expresidentes de la Generalitat, reguladas en la misma ley aprobada en 1988 y actualizada en 2003 que piden modificar. Es a esta grieta a la que se aferra ERC para argumentar que, si bien está dispuesta a "estudiar" el cambio normativo que pone el partido de Salvador Illa encima de la mesa, sería "tramposo" no aplicarlo a otras instituciones. La Generalitat, apuntan, es una -el PSC tiene dos expresidentes, José Montilla y Pasqual Maragall, y después están también Jordi Pujol y Artur Mas, de Convergència y PDECat-, pero también el Congreso y el Senado. En ambas cámaras se derogaron en 2011 las pensiones vitalicias, pero la siguen cobrando los exdiputados y exsenadores que ya la recibían antes del cambio legal porque no se aplicó con carácter retroactivo.

"Es un imperativo que este replanteamiento se haga en todos sitios y no sólo en el Parlament. No se puede hacer desde la demagogia y desde la antipolítica", ha afirmado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. Preguntados por si estaban dispuestos a ampliar la medida a otros cargos, los socialistas se han limitado a responder que la medida que proponen "no va contra nadie en concreto" y que, en todo caso, por algún sitio "habrá que empezar". En todo caso, la portavoz en la Cámara catalana, Alícia Romero, asegura que están abiertos a recibir propuestas para consensuar la reforma legal. Lo que "no tiene sentido", subrayan, es que continúe la misma filosofía por la que esta ley se aprobó en 1988, cuando muchos de los políticos de entonces provenían de la lucha antifranquista y no habían cotizado.

Pero por mucho que los de Illa insistan en que no se trata de una iniciativa 'ad hoc', desde Junts no ven casual que se presente justo ahora que Borràs está a la espera de sentencia y que entre bambalinas los partidos debaten ya qué hacer en caso de que sea condenada y haya que escoger una nueva presidencia. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha dado a entender que se trata de una iniciativa pensada expresamente para el caso de la presidenta de su partido, pero no se ha cerrado a debatir mejoras en relación a las retribuciones. "Cualquier reforma de estos temas se ha de abordar desde el consenso y con el objetivo de prestigiar las instituciones, rehuyendo el oportunismo, si se trata de una reforma 'ad hoc' no nos hallarán", ha espetado. Y ha añadido que, bajo su juicio, "no parece que la intención del PSC sea mejorar las instituciones", sino agitar un debate con tintes partidistas.

Comuns y Cs, una propuesta propia

Tampoco los Comuns están a partir un piñón con la iniciativa de los socialistas, a pesar de que la ven con buenos ojos. Y es que el partido de Salvador Illa se les ha avanzado, ya que ellos también están trabajando desde hace semanas en una propuesta propia para acabar con los "privilegios desfasados" en la institución. "Suena bien, pero tenemos que acabarla de valorar", ha dicho ante los micrófonos el portavoz Joan Mena. Sin embargo, fuentes de la dirección de los Comuns aseguran que la propuesta del PSC "se queda corta" porque la orientación de la suya abarca también la presidencia de la Generalitat y, más concretamente, en situaciones en las que haya un caso de corrupción que les afecte. El grupo de Jéssica Albiach ha reclamado en el último mes que se releve a Borràs sin esperar el sentido de la sentencia.

Y si los Comuns han visto como el PSC se les avanzaba, Ciutadans ha buscado redoblar la apuesta. Este mismo lunes han registrado no solo una proposición de ley para eliminar las asignaciones y pensiones a los expresidentes del Parlament, sino también a los expresidentes de la Generalitat y a los 'exconsellers'. Y aún han ido más allá con una segunda propuesta registrada para suprimir la retribución "extraordinaria" -en forma de recursos humanos y económicos y materiales- que corresponde por ley al jefe de la oposición. En este caso, Salvador Illa. Ellos, recuerdan, renunciaron a ella cuando este cargo recayó en Inés Arrimadas primero y en Carlos Carrizosa después.