Borràs, Ponsatí y Serret: punto final al 'procés'

En la Catalunya de 2017, una semana como esta que hemos vivido hubiera desencadenado episodios de tensión en la calle y amagos (o más que amagos) de desobediencia por parte de las instituciones. En 72 horas, una 'exconsellera' del Govern ha sido detenida por los Mossos para ser llevada ante la justicia, una 'consellera' actual se ha sentado en el banquillo por el 1-O y una expresidenta del Parlament ha sido condenada a prisión por corrupción.

Pero hace tiempo que todo es más normal en Catalunya. Por eso los tres acontecimientos de esta semana han sido una nueva prueba de que Catalunya ha pasado página del órdago independentista. Y de que otro proceso, el de distensión (también llamado de desjudicialización), deja beneficiarios incluso entre quienes lo consideran una traición a la causa soberanista.

Laura Borràs, una de las voces más enfervorecidas en contra del diálogo entre gobiernos, ha recibido una inesperada sorpresa por parte de la justicia que deja su futuro personal en manos de la Moncloa. Su estrategia de presentarse ante el tribunal como víctima de una persecución política por su condición de independentista no ha servido para tapar las pruebas de que fraccionó contratos públicos para beneficiar a un amigo. Pero incluso esos magistrados que ella ve como parte del "aparato de represión" del Estado han considerado injusto que quien recibió el dinero no vaya a la cárcel y sí lo haga quien solo favoreció el amaño. Los propios jueces proponen que se la exima de la cárcel vía indulto, es decir, que el Gobierno le conceda la misma medida de gracia que Junts tanto deploró con los líderes del 1-O.

Es decir, el 'caso Borràs' está lejos de haber terminado, ni jurídicamente (puede recurrir al Tribunal Supremo y, mientras, la sentencia no es firme), ni mucho menos políticamente. ERC, junto a toda la oposición, ha dejado claro que quiere elegir a un nuevo presidente del Parlament. En Junts asumen que la situación es insostenible para su jefa por más que se aferre al pretexto del 'lawfare', un discurso que esta vez no ha sacado masas a la calle en su defensa. Pero habrá que ver qué alma de JxCat se impone. Los afines a Borràs presionarán para alargar la interinidad de la Cámara, pero las elecciones municipales están demasiado cerca y los pulsos pueden dañar esas encuestas que tanto sonríen hoy a Xavier Trias, santo y seña de la Convergència más tradicional y a quien no se ha visto en ninguno de los episodios de esta semana.

La otra patata caliente puede tenerla el Gobierno de Pedro Sánchez. El indulto no se puede otorgar hasta que la sentencia sea firme, así que si el Supremo tarda unos meses en deliberar, la decisión del Ejecutivo puede caer en plena precampaña electoral. ¿Asumiría el PSOE el desgaste de perdonarle la prisión a Borràs por un caso de corrupción si los sondeos siguen siendo entonces tan refractarios como ahora? También puede pasar que el Supremo o el propio Gobierno se demoren más de la cuenta y dejen la gestión del indulto para después de las elecciones generales. Con Sánchez en la Moncloa... o no.

Otro cargo de Junts, la eurodiputada Clara Ponsatí, hizo realidad el martes la frase que ella misma patentó: "Estábamos jugando al póquer e íbamos de farol". Pues eso, que la 'exconsellera' regresó a Catalunya justo cuando ya no tenía ningún riesgo de acabar en prisión y se rodeó de cámaras en busca de la detención por parte de los Mossos. Al haberse beneficiado de la derogación del delito de sedición, el juez la dejó en libertad y se marchó a Bruselas para continuar con su trabajo de eurodiputada. No hubo grandes manifestaciones en la calle, ni mucho menos altercados. Cuesta no interpretarlo como otro capítulo de la guerra entre Junts y ERC, pues Ponsatí eligió para su vuelta la víspera del juicio a una compañera, republicana, de aquel Govern de Carles Puigdemont. El 24 de abril está citada ante el juez Pablo Llarena y, de momento, amaga con no presentarse. Pero un mes da para mucho.

Esa compañera republicana, Meritxell Serret, espera ya sentencia tras ser juzgada por su papel en el 1-O. La 'consellera' de Exteriors también volvió a Catalunya sin riesgo de prisión, pero siguiendo el pauta de la distensión que marcaba ERC. La fiscalía le pide un año de inhabilitación, que acatará sin aspavientos si el tribunal lo confirma. Tambié su sentencia puede llegar en vísperas electorales, cuando los guiones cada vez más contrapuestos de Esquerra y Junts se jueguen su primer duelo en las urnas tras el cisma independentista.

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