El Govern, del choque de trenes al traspaso de Rodalies

La metáfora del choque de trenes sirvió durante años para jugar al amago pero, finalmente, el Gobierno y la Generalitat colisionaron en 2017. El fracaso de la vía unilateral -con la suspensión de la autonomía, el encarcelamiento de los líderes del 1-O y la marcha de Carles Puigdemont a Bélgica-, resquebrajó la posibilidad de pactar una hoja de ruta compartida y se desató una lucha cainita entre independentistas cuyas consecuencias todavía colean.

ERC viró hacia la vía del diálogo con el fin de liberar del castigo penal a los impulsores de la declaración unilateral de independencia, sentando al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos a negociar, y logró los indultos y una reforma del Código Penal que suaviza, para algunos, la sanción judicial. Con un 2023 plagado de citas con las urnas, la mesa de diálogo está en punto muerto, y su continuidad dependerá del resultado de las generales y de los pactos para llegar a la Moncloa.

Ante este escenario, y después de que el 'president' Pere Aragonès lograra sacar adelante unos presupuestos para 2023 que le aseguran el Ejecutivo hasta 2025, puede llegar a finalizar la legislatura catalana y ya cimienta sus nuevos dos retos ateniendo a la dualidad de su plan de Govern, la cuestión 'nacional' y la gestión de la cotidianidad, que se encarnan ahora en el acuerdo de claridad y el traspaso de Rodalies.

Para evitar otro choque de trenes, Aragonès ya ha esbozado el plan con el que pretende recuperar el pulso independentista, ahora bajo la petición de un referéndum pactado, para llenar el vacío de la mesa de diálogo y pasar de la fase de la desjudicialización a la de las urnas. El jefe del Govern ha encargado al politólogo Marc Sanjaume la configuración de un equipo de académicos y activistas transversal, capaz de redactar las bases de esta nueva hoja de ruta, y ya lleva semanas inmerso en el mercado de fichajes.

El fin que persigue el Govern es lucir una propuesta en el flanco independentista, aunque por ahora sólo convence a los Comuns, que pueda unificar posturas y, a la vez, dejar para ERC el relato de que siguen marcando camino a la desconexión ante la desorientación de Junts y la CUP. Pero el Executiu va más allá: una vez redactado el acuerdo de claridad, servirá como contrapeso a la acción exterior de Puigdemont, que ha logrado capitalizar en el extranjero el conflicto catalán a cuenta de su situación procesal y su escaño en la Eurocámara, algo que los republicanos aspiran a revertir con un trabajo de fondo en busca de apoyos para cuando el pacto se presente ante Europa.

El Govern precisa de logros en la gestión del 'mientras tanto', así que conseguir el traspaso integral de Rodalies -una exigencia que se arrastra desde hace 10 años- se ha marcado ya en Palau como una prioridad absoluta. Afecta a miles de catalanes, a la mayoría social, y capta esencialmente al perfil de votante que ERC se disputa con el PSC especialmente en el Área Metropolitana de Barcelona.

La negociación entre la Generalitat y el Gobierno está encallada, y la presión de Aragonès por vía epistolar resultó infructuosa. La pretensión del Executiu es que se abra paso a la línea política porque las reuniones formales entre técnicos de Economía, Territori y Presidència y sus homólogos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no han permitido avanzar. No ha habido reuniones de trabajo formales –algo que se acordó en la Comisión Bilateral- desde hace un año, y el Gobierno lo achaca a una última propuesta inasumible del Govern, así que se requiere de voluntad de negociación en los canales ya establecidos. 

Ambas partes coinciden en que es el momento de culminar el traspaso de los recursos económicos para la gestión de Rodalies, no de forma integral, pero el escollo está, cómo no, en el dinero. La Generalitat no está dispuesta a asumir un traspaso integral sin los recursos que pide para ello, a sabiendas del desgaste político que supone gestionar un servicio del que en 205 días, los que hay entre septiembre de 2022 y el 24 de marzo de este año, se han registrado 171 incidencias por parte del operador a los usuarios, según datos recopilados por este diario, lo que supone un incidente en el 83% de las jornadas. El Gobierno, si bien quiere dar un gesto en Catalunya y deshacerse del cúmulo de fallos, descarta la gran aportación económica que reclama la Generalitat.  

Mientras en el caso de Rodalies no hay límite para el acuerdo, el convenio para la ejecución de las obras de la B-40 entre Terrassa y Sabadell debe alumbrar la próxima semana. Pese a los recelos y los reproches, el Govern no se opondrá 'per se' al acuerdo que le sirvió para sacar adelante las cuentas, alegando que es una reforma que atañe al Gobierno, por mucha contestación interna que haya en ERC.

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