El investigador que destapó el 'Catalangate' asegura haber acreditado una "crisis de democracia" en España

Elies Campo, el informático de Citizen Lab que lideró la investigación que dio pie al 'Catalangate', ha defendido haber acreditado una “crisis de democracia” en España. En una nueva sesión de la comisión de investigación sobre este caso de ciberespionaje en el Parlament, Campo ha asegurado que el laboratorio de la Universidad de Toronto ha conseguido destapar un "abuso" de un 'software' de vigilancia, como es el caso de Pegasus, a más de 60 políticos y miembros de la sociedad civil catalana identificada con el independentismo.

Según Citizen Lab, el 'Catalangate' afectó a políticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, así como a múltiples abogados y activistas. El CNI reconoció que 18 de ellos fueron espiados con aval judicial, entre ellos, el actual 'president', pero no se pronunció sobre el resto de personas a las que apuntó Campo.

El investigador ha considerado que la reacción de las autoridades del Estado sigue un "patrón común" con el del resto de países investigados. "Primero se niega, después se acepta parcialmente y finalmente se da una justificación dudosa de porqué se ha hecho", ha argumentado. Durante su comparecencia, Campo también se ha defendido de las críticas de los partidos no independentistas, que le han acusado de haber hecho una investigación tendenciosa y poco contrastada.

El informático ha blindado su investigación, ha negado que pueda haber falsos positivos en los teléfonos estudiados porque asegura que se han hecho múltiples "revisiones" y ha alegado que es muy "común" que descubran casos como el que afectó a los líderes del 'procés' ya que dentro del grupo investigador hay "víctimas". Según Citizen Lab, en el móvil de Campo también se encontraron restos de infección de Pegasus. En este punto, también ha rechazado que el hecho de que sea catalán y su ideología haya afectado al caso.

El PSC pide "pruebas"

Durante la comisión, el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, ha sido muy duro con Campo, ha puesto en duda toda la investigación de Citizen Lab y ha tachado el 'Catalangate' de ser una “operación orquestada” por el independentismo para atacar al Estado. También el diputado del PSC Oscar Aparicio ha cuestionado el análisis del laboratorio canadiense y ha pedido "pruebas" de que el Gobierno ha estado detrás de este espionaje. Una afirmación que ha provocado estupefacción entre los independentista presentes a la reunión. En este sentido, el diputado de Junts Josep Rius ha recordado que el CNI ha admitido haber espiado a 18 líderes independentistas y que este "depende del Ministerio de Defensa". También ha denunciado una actitud "obstruccionista" por parte del Gobierno.

A pesar de haber sido citados como testigos en esta comisión de investigación, ni el presidente Pedro Sánchez ni ninguno otro miembro del Gobierno ha aceptado comparecer, alegando que deben responder solo en el Congreso y en el Senado, y que ya han dado las explicaciones pertinentes. El conocido como 'Catalangate' supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y sus socios de Esquerra, y llegó a congelar el diálogo con la Generalitat durante tres meses. 

Con una "infraestructura 'ad hoc'"

En la comisión de investigación también ha participado el perito judicial José Navarro, que ha analizado múltiples de los terminales supuestamente infectados y ha confirmado una buena parte de los ataques. Navarro ha reconocido que no hay "cadena de custodia" en la investigación de Citizen Lab, un punto que ha provocado múltiples críticas, pero ha defendido que es un hecho habitual "en publicaciones científicas" porque "no son peritos". En este sentido, ha admitido que la metodología utilizada por el laboratorio canadiense "no es perfecta", pero ha asegurado que no ha visto "ninguna crítica objetiva al resultado técnico" de su informe.

Navarro también ha afirmado en su comparecencia que muy probablemente se creó una "infraestructura 'ad hoc'" para esta investigación, fuera de la empresa israelí NSO Group, pero ha recordado que hay un "marco legal" que puede permitir el uso de Pegasus en España. En este sentido, recuerda que el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal prevén determinadas situaciones en las que se puede intervenir un teléfono, siempre que se haga a través de la policía judicial, con aval de los tribunales y durante un plazo determinado.