ERC, Junts y la CUP abren la vía para llevar a Pedro Sánchez a la Fiscalía tras plantar al Parlament

La comisión de investigación sobre Pegasus había citado de nuevo este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y los ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles. Nadie dudaba de que no acudirían a la cita, como ya hicieron hace 10 días, pero era un paso necesario para el siguiente eslabón: llevar la incomparecencias a la Fiscalía.

ERC, Junts y la CUP han decidido activar el artículo 68.3 del reglamento de la Cámara y denunciar la "posible responsabilidad penal" ante el ministerio fiscal, según han anunciado en un comunicado.

La normativa parlamentaria marca como obligatorio acudir a las citas en comisiones de investigación. Pero ya en otras ocasiones, el Gobierno ha evitado hacerlo, amparándose en informes del Consejo de Estado. Fuentes de la Moncloa defienden que el presidente y los ministros solo deben dar explicaciones en el Congreso y el Senado y aseguran que ya lo han hecho para este caso, mientras que los grupos independentistas lo ven como un "desprecio" a la Cámara catalana y creen que va en contra la "necesidad democrática de esclarecer un escandalo sin precedentes".

Además, los tres partidos trasladaran la negativa de Sánchez y del Gobierno a la comisión de investigación del Parlament Europeo.

La noticia llega justo cuando la Audiencia de Barcelona ha aceptado un recurso de ERC y ha ordenado citar a la directora del CNI, Espeanza Casteleiro, para que dé explicaciones sobre la compra del programa Pegasus. Este espionaje afectó alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo, entre ellas, políticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, y múltiples abogados y activistas. 18 de ellas lo fueron con aval judicial, entre ellos el actual 'president'.

El conocido como 'Catalangate' supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y sus socios de Esquerra, y llegó a congelar el diálogo con la Generalitat durante tres meses. Además, la cuestión le ha costado a Sánchez más de una reprimenda desde el exterior, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como del Parlamento Europeo.