El Gobierno invierte 7,12 euros por habitante en el servicio secreto

Con 337,05 millones de euros en su presupuesto, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enfilará en enero su vigesimoprimer año de existencia con la mayor dotación de su serie histórica. En 2022 ha tenido 322,28 millones a disposición, 299,8 en 2021 y 281,95 en 2020.

Ciertamente, tres millones de euros de ese crecimiento provienen de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero quedan ya muy atrás los años de recorte, en los que de los 264,72 millones con que fue dotado para 2008 -el pico presupuestario en pleno estallido ya de la última crisis financiera- se pasó a superar por muy poco los 200 millones de asignación: 203,68 millones congelados en 2013 y 2014.

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España destinará pues en 2023 la cantidad de 7,12 euros por cada habitante a sostener su servicio secreto. Es su mayor inversión en espionaje hasta ahora, pero está lejos de lo que gastan otros estados democráticos. En Europa, lidera la asignación el Reino Unido, con 3.435 millones de euros de presupuesto para el MI6, que suponen 67,33 euros por británico. Holanda, Alemania y Francia le siguen en gasto per cápita, con 18,07 euros, 16,8 y 16,4.

El presupuesto del CNI es menos de la mitad del que tiene la AISE italiana (694 millones), y tres veces inferior al de la DGSE francesa (1.110 millones), el del Servicio Federal de Inteligencia alemán (1.389 millones) o el del CSIS canadiense (1.221 millones).

En personal, el CNI también se queda pequeño en comparación con los servicios de su entorno. Tiene algo más de 3.000 funcionarios, según fuentes del Ministerio de Defensa, que son cuatro veces menos que los del Reino Unido, tres veces menos que las plantillas de espías y analistas en Francia y Alemania y casi la mitad de los que tiene activos Canadá.

Retener talento

Las cifras de dinero disponible y personal para gastarlo dibujan el retrato robot de un servicio de inteligencia austero, si no monacal. El 62% de su presupuesto lo dedica el CNI al capítulo 1, los gastos de un personal diseminado por 49 países y 22 delegaciones en España. El 23% de la dotación se destina al capítulo 6, de inversiones, y el 15% a gastos corrientes y servicios.

El retrato robot del CNI presenta un colectivo funcionarial en el que tres cuartas partes son civiles, un 19% militares y un 6% miembros de distintas policías y de la Guardia Civil. En los uniformados recae la mayor parte de las misiones operativas, y en los de paisano, la mayoría de los análisis.

La preponderancia de personal civil viene marcada por la necesidad de traductores e intérpretes de un servicio de estas características en el que la presencia de la mujer (descontadas sus dos últimas directoras) supera el 30%, con uno de los índices más altos de la Seguridad del Estado.

Pero tiene peor explicación la edad media de la plantilla: 47,7 años, según las mencionadas fuentes. Hay pues una franca mayoría de veteranos en un entorno de trabajo en el que la principal dificultad es atraer expertos y retener su talento. Como en otras áreas de la Defensa, los técnicos en electrónica, ingeniería o inteligencia artificial tienen más tentaciones en el sector privado.

Es probable que en 2023 el CNI convoque plazas, pero no hay anuncios firmes aún en ese sentido en el Ministerio de Defensa, el departamento del que depende el centro. De entre las últimas convocatorias, la proporción de admitidos no subió de entre 20 y 40 para 700 candidatos.

Reducir la incertidumbre

Tiene dicho un alto dirigente histórico del CNI que sus misiones se resumen en "reducir al máximo la incertidumbre de los que deciden". Son los llamados "clientes" del centro. Sus informes o "productos" van a Presidencia del Gobierno (70%), Exteriores (30%) y Defensa (20%).

Son notas, dosieres y actas de misiones realizadas en (o mirando a) siete ámbitos geográficos principales de interés -España, el Magreb, Oriente Medio, Rusia, China e Iberoamérica- y en torno a seis campos funcionales: el terrorismo yihadista, la soberanía y los intereses nacionales, el tráfico de personas, la contrainteligencia, contraproliferación -entendida como las acciones para conocer el desarrollo de sistemas de armas y, sobre todo, la amenaza de misiles balísticos que no solo pueden provenir de Rusia, también del norte de África- y las ciberamenazas.

Ese último ámbito funcional del CNI ha crecido considerablemente y se mantiene en cifras muy altas. El Centro Criptológico Nacional (CCN) y su equipo de respuesta a incidentes informáticos (CERT), dependientes del CNI llevaban el pasado 1 de noviembre 40.041 intervenciones contadas. En 2021 habían sido 69.202 los ciberataques, y 82.000 en 2020, año de especial incidencia durante la pandemia.

El espacio cibernético se ha convertido en la infraestructura crítica más atacada, en la mayoría de los casos por actores individuales sobre cuya dependencia de otros gobiernos resulta difícil especular. La estrategia española de ciberseguridad se centra más en la defensa que en la investigación de las autorías.

Por eso crecen también las habilitaciones personales de seguridad (HPS) para expertos de servicios esenciales en el sector público y privado que expende otra dependencia del CNI, la Oficina Nacional de Seguridad.

Al comienzo del otoño iban 15.300, y el año pasado fueron 18.546. Ya hay en ese escudo social 64.600 profesionales con una HPS en su currículo.

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