Sánchez defiende las "decisiones arriesgadas" para "sacar de los juzgados" el conflicto catalán

En la filosofía de resistencia de Pedro Sánchez la palabra "riesgo" ha acabado siendo casi una rutina. Con el sprint de la desjudicialización que negocia con el 'president' Pere Aragonès y la reforma del Código Penal aún humeante, el presidente del Gobierno se ha plantado en Barcelona arropado por toda la cúpula del PSC para defender que asume todas las consecuencias que pueda tener "sacar de los juzgados" el conflicto catalán. De hecho, bajo su punta de vista, no hay alternativa si se quiere evitar que se repita la convulsión de hace cinco años. Sin mencionarla directamente, entre ceja y ceja tiene el último episodio de la negociación con los independentistas: la modificación de la malversación. La contrapropuesta que presentarán el PSOE y Podemos a ERC es una nueva acepción del delito, la de "desvío presupuestario irregular" de dinero público a un fin distinto al que estuviese destinado, un tipo con un castigo de hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación en el que consideran que podría encajar la organización del 1-O. Esta modificación supondría, a la práctica, una rebaja de la pena para los encausados del 'procés'.

Sánchez ha preparado el terreno para un acuerdo que puede llegar en las próximas horas, cuando concluya la interlocución con ERC y el martes se voten las enmiendas en comisión. "Es una decisión política de primer nivel rescatar a Catalunya de la crispación para devolverla a la convivencia y a la concordia", ha insistido el presidente en un Palau de Congressos que ha superado su aforo con 2.500 asistentes. "Vale la pena, no quiero que volváis a vivir días tan aciagos y tan tristes", ha apostillado ante un auditorio en el que ha presumido de que, con su estrategia de desinflamación del conflicto, el contexto político catalán dista mucho del que había con Mariano Rajoy en la Moncloa. Por mucho que la derecha se rasgue las vestiduras y que hable incluso de "golpe de estado", el PSC ganó las elecciones catalanes y, a su juicio, podría hacerlo también en Barcelona en las municipales.

Con esa misma senda, y a sabiendas de que ERC puede volver a ser determinante, Sánchez se propone revalidar la Moncloa. "No hay otro camino", ha dejado caer, a pesar de que "los adictos a la confrontación" propugnen justo lo contrario. Así se ha referido a PP, Vox y Ciudadanos, que se le han lanzado a la yugular con la reforma penal en marcha también para desbloquear la renovación de la cúpula judicial. Pero Sánchez ha sido un frontón ante esas críticas. Ante la petición de elecciones anticipadas por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado que primero debería digerir la derrota de los últimos comicios. Y ante el espantajo de moción de censura que agitan Vox y Ciudadanos, les ha retado a encontrar un candidato. "Que se queden con sus desvaríos y delirios", ha espetado. En cambio, ha sacado pecho de que su Gobierno se dedica a, por ejemplo, las medidas para "contener" el precio de los alimentos que se aprobarán a finales de este año.

En la tarea de atizar a la derecha ha contado con el líder del PSC, Salvador Illa, en quien Sánchez ve un puntal para garantizarse en Catalunya un apoyo que puede ser crucial para volver a ganar en 2023. "Las lecciones de constitucionalismo y de patriotismo las vamos a dar nosotros", ha espetado el líder de los socialistas catalanes ante el bloqueo judicial y las amenazas de llevar la reforma penal al Tribunal Constitucional.

La reforma de la malversación

Aún así, los socialistas afilan bien su argumentario para defender que no quedará despenalizada "ninguna forma de malversación" y que se endurecerá la persecución de la corrupción. Que no habría una despenalización de los hechos que ocurrieron en Catalunya en el otoño del 2017 ha sido una premisa que los socialistas han subrayado desde que se abrió el melón de la reforma del Código Penal con la supresión de la sedición como principal emblema. La Moncloa busca un equilibrio: por un lado, no quiere ser acusada de dar barra libre al independentismo -como señala la derecha que está haciendo- si en un futuro se volviera a repetir la vía unilateral; por el otro, de cara al nuevo ciclo electoral, le interesa no tensionar de nuevo la relación con Catalunya y que si llegan nuevas condenas en 2023 para los impulsores del 1-O con causas pendientes no sean lo suficientemente severas como para volver a un escenario de dirigentes entrando en la cárcel.

La propuesta de los republicanos está diseñada para que la malversación no sea aplicable a la organización del referéndum distinguiendo cuando se produce ánimo de lucro y cuando no. La contrapropuesta del PSOE y de Podemos acepta esa distinción que supone deshacer la reforma del 2015 que hizo el PP pensando en la consulta del 9-N, pero añade que también se considere malversación el "desvío presupuestario irregular". Esta conducta estaría penada con un máximo de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación, según explican fuentes de Moncloa. Eso supondría rebajar el castigo máximo para este supuesto, que ahora se sitúa en seis años de prisión y diez de inhabilitación -12 en los casos más agravados- porque no se hace distinción del ánimo de lucro. Sobre esta rebaja ha pivotado la interlocución con los republicanos en los últimos días. Aún así, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya ha respondido que el objetivo de su partido será lograr que las penas que apliquen sobre la organización del 1-O sean las mínimas, sobre todo pensando en "la injusta situación de los exiliados". Pero desde Junts consideran que la propuesta del Gobierno busca "blanquear la represión".

Perseguir la corrupción

Para los socialistas, esta reforma de la malversación permitirá que se mantenga la persecución a la corrupción, capítulo al que se suma el nuevo delito de enriquecimiento ilícito propuesto por el Gobierno, y, a la vez, que no deje de ser punible -aunque sí con menos pena- la organización del 1-O. De hecho, el PSOE siempre ha señalado que, a pesar de eliminarse la sedición, el delito de desórdenes públicos agravados actúa como sustitutivo a la vez que homologa el Código Penal a los estándares europeos. Los socialistas han apuntado, además, que este podría utilizarse para lograr la extradición de Carles Puigdemont.

En todo caso, los acuerdos con ERC para mitigar las consecuencias judiciales del 1-O, a expensas de si se acaban luciendo en una reunión de la mesa de diálogo en las tres semanas que quedan para acabar el año, buscan, en palabras de Patxi López, "desmantelar el victimismo" que tiene un efecto aglutinador en el independentismo. Tras los indultos y la eliminación de la sedición, insisten los socialistas, ERC y Junts están más divididos que nunca, hasta el punto de no gobernar juntos, una situación que entienden que se traduce en una reducción de sus expectativas electorales y que juega a favor del objetivo de acercar Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.

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