Sánchez y Aragonès afrontan el último tramo de los acuerdos de la desjudicialización

Hacer 'tabula rasa', recomenzar la relación con Catalunya dejando atrás la judicialización. Casi tres años después de ese compromiso verbalizado durante una investidura en la que ERC tuvo un papel clave, el presidente Pedro Sánchez afronta con el 'president' Pere Aragonès el tramo final de la negociación para mitigar el impacto judicial de la organización del 1-O, una reforma del Código Penal que, eso sí, quedará después a expensas de la interpretación de los tribunales para determinar cómo afecta a los encausados por el 'procés'. Tras los indultos, la supresión de la sedición y la modificación de la malversación que está ahora en marcha, y tres presupuestos generales del Estado que han garantizado la estabilidad de la Moncloa, quedan ahora tres semanas para que, según agendaron los dos presidentes en julio, la mesa de diálogo se reúna y selle oficialmente sus resultados. Para los republicanos este no es más que un "primer escalón" para avanzar en la resolución de un conflicto que, avisan, no dan por terminado.

Pero ambas partes coinciden que el 2023 será eminentemente electoral y, por ello, inhábil en términos de acuerdos de gran calibre. En el corto plazo, socialistas y republicanos tienen entre manos poner el broche a una reforma de la malversación que es todo un quebradero de cabeza para el Gobierno. Más incluso que la salida de la cárcel de los líderes del 'procés' o la derogación de la sedición, que dan por amortizadas en términos de repercusión en las urnas. Sobre todo porque lo que no podría justificar es una revisión de sentencias de condenados por corrupción. Al mismo tiempo, tanto el PSOE como el PSC han defendido desde el principio de la reforma del Código Penal que esta no serviría para despenalizar los hechos del 1-O.

Por eso, aunque lo que busca ERC con su enmienda es acotar la definición de la malversación para que no sea aplicable a la organización del referéndum, el término medio de las negociaciones para que haya pacto se sitúa en una rebaja de penas para lo que entienden que fue un "uso indebido de fondos públicos" sin que esto vaya en detrimento del castigo a la corrupción. El partido de Oriol Junqueras recuerda que aunque haya votado los presupuestos del Estado no se puede dar por hecho que han perdido fuerza negociadora porque aún quedan más de 4.000 enmiendas en el Senado, pero admite que la rebaja de penas puede acabar siendo el escenario más posibilista.

La prioridad, más allá de su propuesta de máximos, es llegar al acuerdo que sea menos lesivo para los encausados. De hecho, si Sánchez se ha abierto a abordar esta carpeta es porque, en términos electorales, no le conviene un clima de tensión si de nuevo hay dirigentes independentistas que entran en la cárcel, además de que ERC puede volver a ser determinante en una futura investidura. Y el juicio a los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó caerá en los próximos meses, entrelazado con la impredecible situación judicial de Carles Puigdemont.

Atenazado por la derecha -el PP ya ha anunciado que llevará la reforma del Código Penal al Tribunal Constitucional porque entiende que es un "atropello al poder legislativo" y Vox y Ciudadanos atizan el espantajo de la moción de censura-, Sánchez está convencido de que su estrategia de desjudicialización no solo le da réditos para mantener la estabilidad de su Gobierno, sino que es efectiva para, en palabras de Patxi López, "desmantelar el victimismo" del independentismo y dividirlo. Una ruptura que se ha plasmado con la salida de Junts del Govern y una grieta abierta a través de la cual el PSC gana ventaja. Este domingo, Sánchez aterriza en Barcelona en un acto con Salvador Illa para sacar pecho de que, con él al frente de la Moncloa, el conflicto con Catalunya ya no es de alto voltaje.

Sin embargo, ERC advierte entre bambalinas del error que sería para el PSOE dar por acabado el conflicto. Su aspiración, insisten, es la amnistía y la autodeterminación. Reconocen que, ante la negativa de la Moncloa a un levantamiento de penas general, se han centrado en paquete de medidas que, sumadas, "se acerquen" y que supondrán que "la penalización del 1-O acabe muy reducida". O eso esperan, tanto para evitar que más dirigentes vayan a la cárcel como para lucir que su apuesta por el diálogo da frutos. Aun así, aseguran que nada puede evitar que los jueces interpreten la reforma en "clave vengativa". "Podemos limitar la arbitrariedad, pero no eliminarla", resumen.

Más allá de la carpeta de la desjudicialización, los republicanos entienden que esta es solo para poner el marcador a cero y poder afrontar el gran nudo gordiano: el encaje catalán y el referéndum que reclaman. Ante los que lo señalan como un objetivo imposible porque el Gobierno ha dejado claro que este es un muro infranqueable, recuerdan que Sánchez descartó el indulto y abogó por el cumplimiento "íntegro" de penas en la campaña del 2019 y que la demoscopia apunta que el apoyo del independentismo puede volver a ser imprescindible para que el presidente se mantenga en la Moncloa. Esta seguirá siendo su palanca.

Suscríbete para seguir leyendo