ERC plantea acotar la malversación para que no sea punible la organización del 1-O

Ceñir el concepto de malversación a cuando existe una conducta con ánimo de lucro propio o a terceros y a cuando, a pesar de no producirse un enriquecimiento, haya un uso particular y ajeno a la función pública. Esta es la enmienda que ha presentado ERC para reformar la malversación y suprimir las referencias a "apropiación indebida y administración desleal" que fueron aplicadas para imputar este delito a los organizadores del 1-O y que, según denuncian los republicanos, tuvo una "finalidad política y arbitraria" contra el movimiento independentista.

Según el texto presentado por ERC, se trata de deshacer la reforma que el PP hizo en 2015 con el objetivo de "perseguir y reprimir el movimiento independentista". Defienden que se trata de unas enmiendas de carácter "quirúrgico" que permiten eliminar las lecturas "sesgadas" del Código Penal para despenalizar que se destinaran recursos públicos a la organización del 1-O y, al mismo tiempo, evitar que la reforma "pueda ser utilizada" para rebajar penas a condenados por corrupción. Eso sí, los republicanos apostillan que este es su propósito de máximos y que habrá que ver ahora hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE con esta reforma.

En el articulado propuesto por ERC se mantienen, de hecho, penas de entre 2 y 6 años cuando haya lucro propio o de terceros y entre 4 y 8 años si el perjuicio excede de 50.000 euros, así como la franja más alta si se superan los 250.000. En los casos de malversación donde no haya enriquecimiento pero sí un "uso particular y ajeno a la función pública", los republicanos plantean que quede recogido en el artículo 432 bis y que establezca penas de cárcel de entre seis meses y tres años.

Fuentes republicanas insisten en que este artículo no sería aplicable a los encausados por el 1-O -y, por lo tanto, a Josep Maria Jové o Lluís Salvadó o a los líderes del 'procés' condenados- porque se refiere a cuando, por ejemplo, un cargo público utiliza el coche oficial o las herramientas que se le proporcionan en virtud de esa responsabilidad para beneficios privados. El 432 bis, matizan, se recupera como estaba estipulado en 1995. También defienden que con su propuesta de reforma no se beneficiarían dirigentes como el expresidente de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación por el caso de los ERE porque en este caso hubo beneficio a terceros.

"Vamos a analizar con detenimiento todas las enmiendas", ha asegurado este viernes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, antes de señalar que no conocen las enmiendas que ERC ha presentado para modificar el delito de malversación. El dirigente socialista ha insistido en que ellos no han negociado con los republicanos catalanes y que a la hora de estudiar sus propuestas tendrán "dos principios claros que son innegociables". 

A este respecto, ha explicado que estas dos líneas rojas son que no se produzca "ningún beneficio a los procesados por corrupción" y que "todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal". En varias ocasiones ha reiterado que no van a permitir "ningún retroceso en la lucha de la corrupción".

Podemos, a favor de revertir la reforma del PP

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, también ha apuntado a la necesidad de "estudiar a fondo las implicaciones" de la enmienda de ERC porque "no puede ser una carta blanca para los corruptos". Aun así, ha asegurado que ven favorablemente "que se vuelva a la lógica anterior a la reforma del 2015".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha defendido la propuesta de su partido de limitar el delito de malversación porque "hacer política no es delito" y la reforma penal del Gobierno del PP en el 2015 iba dirigida contra el independetismo. Nogueras, en declaraciones a Catalunya Ràdio, se ha manifestado en términos similares a los que plantea ERC.

Cambios en desórdenes agravados

En cuanto al delito de desórdenes públicos, reformado tras la supresión de la sedición, ERC pide modificar a la baja algunos tipos penales referidos a esta categoría con el objetivo de "evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada" por parte de los jueces. Así, ERC pide concretar que los delitos por los que se puede imponer una pena de hasta tres años han de contener no sólo actos de violencia sino que estos han de causar "lesiones a las personas" o "daños a las propiedades". En esta misma línea, los republicanos piden rebajar las penas para que el castigo mínimo sea no de tres sino de un año de cárcel.

ERC también pide suprimir el artículo del Codigo Penal que castiga con hasta seis meses de cárcel la invasión o la ocupación de un domicilio o despacho por parte de un grupo sin violencia ni intimidación. Los republicanos consideran que estos hechos no merecen castigo penal. Sin embargo, los republicanos admiten que esta sería su propuesta "ideal", pero admiten que priorizan llegar a un acuerdo, con lo que introducen una enmienda más "posibilista" con carácter subsidiario. En esta se mantienen las penas en casos de "actos de violencia o intimidación graves" sobre personas o cosas, cuando se obstaculicen vías públicas o invadan instalaciones o edificios "ocasionando un peligro para la vida o integridad física de las personas"

Nogueras ha criticado a ERC en lo referido a la modificación de los desórdenes agravados porque "deberían ser mucho más valientes" para eliminar "las indeterminaciones" en este tipo de delitos para evitar castigos injustos.