El Govern pacta con patronales y sindicatos subir un 8% la cuantía de los subsidios sociales en 2023

Tras doce años en el congelador y ante la mayor inflación en cuatro décadas, el Govern ha acordado con las patronales y los sindicatos un aumento del 8% del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) que actualmente es de 569,12 euros mensuales y que pasará a ser de 614,65 en 2023. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Generalitat revalorizará este indicador, que fija la cuantía de las prestaciones sociales que ofrece la Generalitat -desde las becas comedor hasta las ayudas por la vivienda social- y determina quién puede (y quien no) percibirlas. Dicho incremento afecta principalmente a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y, en total, implicará un aumento de 144 millones de euros en gasto público. Además, se ha cerrado un acuerdo para garantizar que las nuevas cuentas públicas invertirían 680 millones de euros en industria y mejoras en la FP.

El aumento de las prestaciones sociales y la garantía de inversión en industria se enmarcan en un paquete de medidas más amplio pactado entre el Govern, Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT en el llamado 'consell de diàleg social' y con la vista puesta en los presupuestos de la Generalitat para 2023. Fuentes consultadas por este diario explican que el 'president' Pere Aragonès quiso incorporar a las principales organizaciones sindicales y empresariales de Catalunya en la elaboración de las cuentas catalanas, y tras seis reuniones ha podido cerrar un principio de acuerdo que será ratificado previsiblemente el lunes. Todo esto mientras avanza la negociación para aprobar las cuentas con el PSC, Junts y los 'comuns', pese a las reticencias de los posconvergentes a cerrar un pacto presupuestario y con la presión de los socialistas y los morados para llegar a un acuerdo antes de que el Consell Executiu avale las cifras.

Acuerdo social

Ante este panorama, Aragonès busca lucir apoyos que propicien un acuerdo con su Govern en minoría, dotándose de legitimidad de los actores del ámbito socioeconómico, el mismo que le pedía que no prorrogara los presupuestos. El líder republicano aviva así el diálogo social catalán, al que ha recurrido después de que los agentes sociales le recriminaran poca atención desde que comenzó la crisis de precios. La publicación por parte del Govern de este acuerdo con patronales y sindicatos acelera los ritmos de la negociación, que recae ahora íntegramente sobre los grupos en el Parlament, y el proyecto de las cuentas públicas enfila camino para su aprobación.

El Indicador de Renta de Suficiencia se actualiza por primera vez desde 2010, ampliando el número de familias que podrán acceder a ayudas sociales y su cuantía

El aumento de la cuantía de las prestaciones sociales era una reivindicación que los sindicatos y las entidades sociales venían reclamando desde hace años. Especialmente tras los sucesivos incrementos que en los últimos ejercicios había ido aplicando el Gobierno central, hasta el punto de que su indicador -el IPREM- supera actualmente al IRSC, algo que se revertirá con las cuentas catalanas de 2023. Y precisamente este segundo fue creado por la Generalitat para reconocer el mayor coste de la vida en Catalunya respecto a la media del conjunto de España. El incremento del 8% se trata de un acuerdo de mínimos, pues las entidades sociales reclamaban un aumento de entre el 12 y el 15%. Y algunos movimientos sociales exigían llegar al 30%.

Una de las principales prestaciones beneficiadas por el aumento del IRSC es la 'Renda Garantida de Ciutadania' (RGC), que pasará de 644 euros a 695,5 euros al mes, en caso de un único perceptor. En este sentido, este diario ha podido confirmar que también se reclamará al Gobierno que se traspase la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) para multiplicar la eficiencia de amabas rentas sociales. Una petición que ya se abordó en la comisión bilateral y que la Generalitat volverá a poner ahora sobre la mesa con el apoyo de las patronales y los sindicatos.

Los empresarios han apretado especialmente en conseguir dos compromisos del Govern. Por un lado, la garantía de que las nuevas cuentas públicas invertirían 680 millones de euros en el sector industrial. Para los agentes sociales es clave que el Ejecutivo se haga corresponsable del Pacte Nacional per a la Indústria, firmado recientemente y que pretende revertir el declive y revigorizar el sector secundario que ha vivido Catalunya durante los últimos años. 

Otro punto que las patronales han situado y que especialmente Pimec llevaba tiempo abanderando es acelerar la implementación de la ventanilla única para permisos empresariales. Aquí Aragonès se compromete a dotar de más presupuesto a los departamentos técnicos para acelerar trámites e impedir que se pierdan inversiones por la tardanza de permisos que dependen de medio ambiente, bomberos o urbanismo, entre otros.

¿Qué ayudas dependen del IRSC?

A través del IRSC se calculan casi todas las ayudas sociales que concede el Govern. La más popular es la Renta Garantizada, aunque hay muchas más. Por ejemplo, una pareja con dos o tres hijos que viven en el área metropolitana de Barcelona no puede ingresar más de 29.000 euros al año para acceder a la lista de espera de pisos de emergencia social. Para las personas que viven solas el umbral es de 21.000 euros al año. Si acceden a un alquiler social, el precio que pagarán también se marca en función del IRSC.

El IRSC también estipula quienes son las familias vulnerables a quien las compañías eléctricas no les pueden cortar la luz. Para las personas que viven solas, el límite de renta se calcula multiplicando por dos el IRSC, mientras en el caso de las familias de más miembros se multiplica por 2,5 y en las personas con discapacidad por 3. También determina el acceso a las becas comedor, las ayudas al pago del alquiler o el acceso a los repartos de alimentos derivado por servicios sociales.

El IRSC permanecía en el congelador desde el último gobierno de José Montilla, en 2010, si bien la ley dice que esta cifra debe revisarse cada año en el presupuesto de la Generalitat. Ni los gobiernos de Artur Mas, ni Carles Puigdemont, ni Quim Torra cumplieron con esta obligación. Mientras, las familias pasaban auténticos apuros. Las que percibían las ayudas no llegan a fin de mes y miles de hogares no pueden acceder a ellos a pesar de encontrarse bajo el umbral de la pobreza. Actualmente el IRSC está en 569,12 euros al mes por persona o 7.967,73 al año y tras su revalorización pasará a 614,6 euros al mes o 8.605,1 euros al año.

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